Hace tres meses un Juez de Control le ordenó a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) presentar un plan de trabajo por la nueva investigación con perspectiva de género para aclarar la muerte de la doctora Zyanya Estefanía Figueroa Becerril. Se cumplió el plazo y eso no pasó.
Zyanya fue hallada sin vida el 16 de mayo de 2018; las autoridades determinaron que se trató de un suicidio y, así sin más, cerraron el caso. Las inconsistencias eran tales que familiares y amigos exigieron que se considerara como un feminicidio. Se negaron.
Para la madre de la médico, la Fiscalía “nos condena a una investigación infructuosa, a un aletargamiento de este proceso de llegar a la verdad y a la justicia de lo que verdaderamente nos arrebata de la vida a nuestra hija”.
Y es que la lentitud de las autoridades para resolver los casos que más lastiman a las familias es vergonzante y no debiera ocurrir; sin embargo, es el pan de cada día de quienes luchan por conseguir justicia.
En Puebla, se vuelve preocupante el aletargamiento de las autoridades, toda vez que, por ejemplo, en 2021 en el estado cada seis días ocurrió un probable feminicidio.
Vivimos en un estado que no garantiza la seguridad para las mujeres, ni para nadie; y, por si fuera poco, la justicia es un fin que muy pocos alcanzan.
