México ha registrado los años más violentos de su historia en la primera mitad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el informe “MX: la guerra en números” de T-ResearchMX y con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1º de diciembre del 2018 al 22 de enero del 2022, han registrado 111 mil 48 homicidios dolosos en el país las fiscalías estatales y federales.
Haciendo de hecho, una comparación de cifras de los asesinatos en el mismo periodo en otros sexenios, la administración de López Obrador lidera la lista, pues es superior al récord de Peña Nieto, quién registró 67 mil 388 en ese mismo lapso de tiempo. Calderón registró 45 mil 417 y Fox 43 mil 77.
Y es que esta inseguridad se encuentra muy presente en el día a día de la población, misma que se ve afectada por el incremento de delitos, el auge de la corrupción y el descaro desencadenado del poder en turno utilizando al estado como arma de represión e incluso de eliminación de sus críticos.
El modus operandi de Morena durante los últimos meses ha dejado bien claro que su lema no es “primero los pobres”, si no “quién no con nosotros, en contra de nosotros”. Pareciera que los morenos no conocen el respeto al libre albeldrío. Por el contrario, los datos duros reflejan que estamos tratando con un autoritarismo disfrazado de izquierda pero abatiendo al pueblo con “las mañas de la derecha” (que hasta el día de hoy no se cansan de criticar).
Generalmente, los analistas mexicanos coinciden en que México no es un Estado fracasado (aún), aunque algunas de sus instituciones sí lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública. Se podría afirmar entonces, que se trata de un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales, de justicia para combatir la desigualdad, la pobreza, la corrupción, e incluso, la pandemia.
Algo que sí está claro es que la inseguridad se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad: por ejemplo, la emigración masiva de población hacia Estados Unidos, el incremento de homicidios dolosos, las cifras de feminicidios en alza, etc.
El crimen común es la principal amenaza que la población mexicana siente en carne propia, en todos los estratos sociales. Las fuerzas de seguridad no logran reducir los índices de delito, generalmente, porque los cuerpos policiales son acosados por los políticos que los conducen y les exigen eficiencia; por la población, que exige el fin de la corrupción, y por los carteles, que los buscan para que trabajen para ellos.
Desglocemos de manera breve, la ola de crímen que se ha desatado durante los últimos meses.
La fabricación de delitos en contra de los críticos de la 4T se ha suscitado en distintos estados gobernados por Morena. Entre la lista, se encuentra Veracruz y Puebla. Gobernados por Cuitláhuac García Jiménez y Luis Miguel Barbosa Huerta respectivamente, quienes parecen ser los consentidos de Obrador, pues pese a la existencia de pruebas que relacionan a sus gobiernos con arbitrariedades, violación de los derechos humanos e incluso la relación de estos mismos con el crimen organizado; siguen sin rendir cuentas ante alguna instancia.
Tan solo en el primer mes del 2022, en Puebla, una joven de identidad resguardada fue encontrada asesinada en avanzado estado de descomposición. También el cuerpo de un bebé de 3 meses fue encontrado en la basura del penal de San Miguel. El cuerpo del infante falleció con anterioridad, fue exhumado y utilizado para ingresar droga al penal. Mayra, de 36 años, fue reportada como desaparecida y fue encontrada días después asesinada en Acajete. Liliana, de 33, tomó transporte de aplicación para ir a una cita de trabajo el 3 de enero y fue encontrada 19 días después muerta. El principal sospechoso fue interrogado y pese a existir inconsistencias en su declaración fue liberado. Actualmente se encuentra prófugo.
Leslie fue detenida arbitrariamente por miembros de la policía sin dar razones del porqué de su detención. Tras la presión mediática que exigía respuesta, la SSP declaró que era culpada de narcomenudeo, sin embargo, surgieron también pruebas de hostigamiento hacia su persona de parte de la esposa de un oficial de policía.
La respuesta de Barbosa a estos 5 casos de enero fue: “Todos los que dijeron cosas van a silenciarse… Tengan cuidado también”. El gobernador poblano ha excusado la falta de transparencia en los casos en la secrecía con la que su administración lleva a cabo investigaciones. “Activistas que se dedican a protagonizar y a hacer aseveraciones sin sustento. Solo para ganar protagonismos. Un momento protagónico. ¿Qué va a pasar cuando se esclarezcan los hechos?”
En Veracruz la situación no es muy diferente, el líder antorchista Samuel Aguirre Ochoa, el candidato a la dirigencia estatal del PAN Tito Delfín Cano y el alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa (por mencionar a los más recientes); fueron víctimas de la cacería de políticos críticos del gobierno de García Jimenez.
Esto, sin contemplar la extensa relación de su secretario de gobernación Eric Cisneros con el crimen organizado. El atentado más alarmante fue el cartel dirigido a él sobre 9 cuerpos de funcionarios administrativos de instancias gubernamentales veracruzanas. La respuesta de Cuitláhuac fue que Cisneros se encontraba “tranquilo y trabajando”.
El exterminio de los periodistas también es una situación alarmante, tan solo en enero del 2022, han sido asesinados 3. La cifra es indudablente alarmante, sin embargo, no es la peor. De acuerdo con Artículo 19 y la revista “Etcétera”, comparando las cifras de periodistas asesinados en las últimas 4 administaciones. Con Zedillo fueron 3 asesinados; con Fox fueron 22; con Calderón fueron 49 y con Peña Nieto fueron 47. Esas cifras corresponden a los sexenios completos de cada uno, y, en el caso de Obrador, en la mitad de su sexenio, lleva 54. Las cifras hablan por sí solas.
La cosa está así: el incremento de la inseguridad, de la desigualdad, de la pobreza, de la corrupción y la decadencia de la inversión en la educación, ciencia, tecnología y salud, están garantizando la creación de sus propios sepulteros.
El pueblo le dio el poder a Morena y cuando colme su paciencia, se lo va a quitar. Ya veremos si es por las buenas o por la malas.
