Por Luis Fernando Soto
@luisfersoto
La mañana de viernes 10 de diciembre, varios medios de comunicación de la ciudad de Puebla, que han celebrado contrato de publicidad con la administración del morenista Miguel Barbosa Huerta, recibieron una llamada de advertencia por parte de la Coordinación de Comunicación:
“¡El gobernador no cedió!” frente a la demanda de reapertura del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en San Andrés Choula, que el jueves anterior llevaron hasta Casa Aguayo los colectivos de alumnos, académicos y padres de familia que se reunieron con la secretaria de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill.
La oferta de contactar a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos, junto con el secretario de Educación, Meliton Morales, nunca ocurrió. Sobre el desestimiento gubernamental se impuso un nuevo discurso oficial: Ninguna autoridad estatal ha intervenido en el cierre del campus, que cumple siete meses este 29 de enero.
Sin embargo, en febrero de 2021, el gobernador firmó el nombramiento de José Daniel Vázquez Millán como presidente de la Junta para el Ciudado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado, que a su vez designó a los nuevos integrantes de la Fundación UDLAP. Desde entonces, la única acción realizada por dicha Junta.
Al igual que su antecesor, Miguel Barbosa aprovechó el diferendo legal entre los integrantes de la familia Jenkins de Landa para intervenir el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins y asestar un golpe al rector con licencia, Luis Ernesto Derbéz, como consecuencia de la discordia que el morenista mantiene con el Consorcio Universitario, que en 2018 reconoció el triunfo de la entonces candidata del PAN al gobierno de Puebla, Martha Erika Alonso.
La reapertura del campus pende de una decisión judicial y de la voluntad política del gobierno, que retiró a la Policía Estatal pero permanece una empresa de seguridad privada contratada por la rectoría del ex senador perredista Armando Ríos Pitter, político cercano a Miguel Barbosa y designado por el patronato proclive al gobierno.
En el peor escenario, la UDLAP estaría cerrada por medio año más, poniendo en riesgo la operación de la universidad privada más importante del estado, que sigue funcionando en línea, con la predecible debacle económica, social y cultural que significaría su cambio de sede o clausura definitiva.
Esta claro que al gobernador Miguel Barbosa no le importa poner en riesgo el prestigio de Puebla como ciudad univesitaria, ahuyentar futuras inversiones privadas o dejar a la ciudad sin la derrama económica que generan 10 mil estudiantes que vienen de todo el país y el extranjero.
Lo mismo ocurre en otras áreas de la vida pública, social y política del estado de Puebla, donde se privilegian los dichos del gobernador por encima de las demandas de la ciudadanía. Ahí esta el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue localizado en un contenedor de basura del penal de San Miguel en Puebla capital:
El país entero le pide explicaciones al gobierno estatal y Miguel Barbosa responde enojado, con amenazas de “silenciar” a “activistas que buscan protagonismo”, desde el egocentrismo que le impide ver la realidad y reconocer el descrédito social para una admnistración que ni piensa ni siente como la gente.
