A pesar de no contar con el presupuesto suficiente, el Instituto Nacional Electoral ya instaló en Puebla el consejo local para los preparativos de la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la entidad poblana, apenas se ha validado el 14.2 por ciento de las 139 mil firmas que se requieren en el estado para la realización de la consulta.
El presidente de la junta local del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, informó que seguirá la organización para no posponer el proceso consultivo para acatar las determinaciones de la Suprema Corte Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cabe mencionar que el pasado 30 de diciembre, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el que determinó suspender la consulta por falta de presupuesto.
Dicha resolución ordenó al INE explorar otras alternativas para llevar a cabo los trabajos necesarios para garantizar la participación ciudadana en la consulta programada para el 6 de abril.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral solo ha logrado verificar 19 mil 812 firmas en Puebla, 14.2 por ciento de las necesarias para el proceso.
Al corte del 15 de octubre en Puebla el listado nominal era de 4 millones 651 mil 847 personas, por lo que se requieren 139 mil 555 firmas válidas.
Con el fin de emitir la convocatoria al día siguiente, se estableció que el 3 de febrero sería la fecha límite para validar los 11 millones de firmas que se recibieron a nivel nacional por parte del Consejo General del INE.
Rodríguez del Castillo informó que hasta el momento solo se han registrado como representantes para la consulta popular el Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional, pero se tienen 30 días hábiles a partir de este lunes para la acreditación de representantes.
En este sentido, condenó el recorte presupuestal que sufrió el Instituto Nacional Electoral en 2022, pues cuenta con mil 500 millones para la realización de la consulta, sin embargo, se requieren 3 mil 820 millones de pesos, por lo que el déficit es de 2 mil 320 millones de pesos y aún se esperará que la Suprema Corte de la Nación, resuelva el litigio de fondo sobre cómo va a trabajar el instituto.
