Falta voluntad y compromiso con la verdad, dijo la rectora interina, Cecilia Anaya Berrios.
Desde la mañana de este viernes, integrantes de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se acercaron al campus de San Andrés Cholula para comprobar que el acuerdo alcanzado un día antes con el gobierno de Miguel Barbosa fue incumplido, la institución permanece bajo el control de la Policía Auxiliar.
A pesar de que se establecieron los primeros contactos con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill y el secretario de Educación, Meliton Lozano, la rectora interina de la UDLAP, Cecilia Anaya Berrios, confirmó que desde el pasado 29 de junio, cuando se ejecutó «la toma ilegal» de la institución, “no hemos tenido ni tenemos su control.
“La Policía Auxiliar y seguridad privada controlan el acceso a las instalaciones, en posesión del patronato espurio”, afirmó la rectora en un mensaje compartido en las redes sociales de la universidad.
Además, Anaya Berrios reveló que, de manera ilegal, el Poder Judicial del Estado decidió devolver el exhorto para la restitución del campus al Juez 24 de lo Civil de la Ciudad de México, el mismo que dictó las medidas cautelares que derivaron en la toma de la universidad privada más importante de Puebla.
“Aún cuando el titular del Ejecutivo estatal ha reconocido que la administración que yo presido ha mantenido en todo momento la operación de la universidad, reiteramos que no es posible programar el regreso presencial toda vez que no se cuenta con la posesión física del campus”, aseguró Cecilia Anaya.
La rectora interina resaltó las trabas y dilaciones jurídicas para el regreso del campus al patronato que dirige Margarita Jenkins de Landa, lo que denota la falta de voluntad con la comunidad UDLAP y la falta de compromiso con la verdad, dijo.
Promesa incumplida
La marcha #UDLAPLibre cumplió su cometido: Un acuerdo de palabra con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill para la reapertura del campus.
El jueves al mediodía, cuando Ricardo Nevárez de Padres Udlap comunicaba el acuerdo alcanzado en Casa Aguayo, los gritos de alegría se confundieron con exclamaciones de duda, después de cinco meses y en medio del litigio que mantienen los integrantes de la familia Jenkins de Landa por el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
Por la tarde del jueves, la Rectoría aún no definía la hora para el retorno a las actividades presenciales. Sin embargo, invitó al gobernador Miguel Barbosa a participar como testigo de la reapertura. Para este viernes, las dudas se convirtieron en certezas, el campus sigue tomado por policías estatales.
Afuera, alumnos y académicos colocaron mantas en las rejas para exigir la salida del “patronato y rector espurios”, nombrados por la Junta de Asistencia Privada del Estado.
No obstante, algunos integrantes de la comunidad UDLAP mantienen su confianza en la palabra de los secretarios de Gobernación y Educación, Ana Lucía Hill y Meliton Lozano, de reabrir el campus y dar paso a las clases presenciales.
