Marianela Morán
El 22 de noviembre se publicó en distintos medios un desplegado titulado “Alto al acoso contra la prensa en Puebla”,dirigido a la opinión pública y en concreto a Luis Miguel Barbosa Huerta, Gobernador del estado de Puebla, José Félix Cerezo Vélez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El documento denuncia una nueva embestida de Barbosa contra los portales e-consulta y El Popular, en este sentido los firmantes acusan al gobernador de emprender una nueva campaña de hostigamiento contra medios de comunicación que han optado una postura crítica a su administración. Y está claro que no hay denuncia ni delito que perseguir, no hay pruebas que comprueben de lo que se les acusa, lo que se busca la intimidación y la censura.
Aquí un extracto del desplegado: “Los hechos recientes de acoso judicial y administrativo contra los medios e-consulta, dirigido por Rodolfo Ruiz Rodríguez, y El Popular, encabezado por Carolina Fernández Galindo, reconocidos por su línea editorial independiente y crítica, confirman que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los pasos lamentables de sus antecesores: una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos que, como lo ha confirmado la organización Artículo 19 en una investigación sobre los ataques a la libertad de expresión en Puebla, han sido objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales. Y ahora, por la vía de la auditoría fiscal, un intimidatorio hostigamiento administrativo”
Recordemos que, en febrero de 2020, ya se venían orquestando las demandas en el caso de e-consulta, como lo corrobora la siguiente nota del 27 de febrero: “El gobierno de Luis Miguel Barbosa quiere asfixiar publicitariamente a algunos medios de comunicación y usa la publicidad oficial como garrote político, sentenció el periodista y director del periódico digital e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez, al atribuir al gobierno del estado las cuatro demandas civiles presentadas en su contra por presunto daño moral”.
En esa entrevista, Rodolfo Ruiz explicó que las cuatro demandas fueron presentadas cronológicamente en los juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto en Materia Civil por el mismo cuerpo de abogados, por supuesto daño moral que sus columnas han causado al, en ese entonces, diputado local, Gabriel Biestro Medinilla; Seth Yassir Vázquez Hernández, subsecretario de Movilidad y Transportes; Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y Juan Pablo Cortés Córdova, subsecretario de Administración.
“Yo diría que esta práctica es más burda que los dos asaltos sufridos en oficinas de e-consulta durante la administración anterior (además de otros dos en mi domicilio). Casualmente, lo único que se robaron en la oficina fueron las computadoras del director y de la directora administrativa, las prácticas de gobernantes pasados se están repitiendo en la administración de Barbosa, que no se entienden en la 4T que pregonaba expectativa de cambio y pretendía poner fin al autoritarismo, pero se está replicando de manera más ruin”, dijo Ruiz en ese entonces.
Estos ejemplos encienden las alarmas sobre la difícil realidad de los trabajadores de prensa en el estado y en el país. ¿De dónde emana la intimidación ejercida contra estos periodistas? ¿Cuáles son las causas que conducen a esta persecución? ¿Debe permanecer callada la prensa poblana frente a los excesos de poder de Miguel Barbosa? La respuesta es un rotundo no, todos los medios deben manifestarse en apoyo a la libertad de expresión y a la diversidad de opiniones de los medios de comunicación, hoy son ellos, ¿mañana quién sigue?
Según la asociación Artículo 19, la espiral violenta contra los periodistas proviene tanto de la acción como de la omisión de la esfera gubernamental (que incluye a los partidos políticos) y del crimen organizado. Sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse en un país tan convulsionado por el narcotráfico, en México el peligro de ser periodista se vincula más a las acciones del gobierno. En los últimos siete años, más del 50% de las agresiones a periodistas han sido perpetradas por servidores públicos. Las entidades en las que se ha concentrado la violencia han sido Veracruz, Ciudad de México, Guerrero y Puebla.
La violencia que vive la prensa y las limitantes a la libertad de opinión deben entenderse en el contexto más amplio de la problemática de derechos humanos que vive el país y que han documentado otras organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Porque las golpizas, el allanamiento de morada, el robo de materiales, las amenazas telefónicas y hasta el asesinato se han vuelto el pan de cada día para los periodistas que cubren las notas relacionadas con la putrefacción y la arbitrariedad de la clase política. La situación de los periodistas no es ajena al contexto de crisis de derechos humanos que vive el resto de la ciudadanía. La impunidad del gobierno actual (niveles federal, estatal y municipal) se extiende hasta el grado de ignorar al afectado y ayudar al opresor ya sea por omisión, complicidad o, en algunos casos, por una completa identificación.
El ejercicio de gobernar democráticamente insta pluralidad. En el caso de e-consulta y El Popular estas campañas de intimidación representan un riesgo para el ejercicio periodístico en Puebla, un estado donde hoy se viven tiempos de intransigencia y censura para la prensa independiente. Resulta absurdo que Miguel Barbosa Huerta replique las viejas prácticas que criticó en el pasado reciente. Exigimos al Gobierno del estado de Puebla respete la libertad de ejercer un periodismo libre, crítico, incluyente y plural que investigue y cuestione los excesos cometidos desde el poder. La tarea debe comenzar ahora.
