Durante su segunda entrega de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que el pasado Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, no ejerció 101 millones de pesos, lo que representó el 4.6 por ciento del recurso que se le había avalado a la administración.
Además el organismo registró un posible daño patrimonial por 10 millones 612 mil 599 pesos a la hacienda pública en 2020, por lo que la ASE pidió al ayuntamiento, ahora a cargo de Eduardo Rivera Pérez, aclarar esta cifra.
Los recursos que no se ejercieron fueron parte las Participaciones Federales a Municipios 2020 en la ejecución de obras por administración directa.
Hay que mencionar que los recursos asignados al municipio de Puebla, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2020 fueron por 2 mil 178 millones 580 mil pesos.
El órgano, explicó que la comuna de Puebla quedó pendiente de comprobar 4 millones 366 mil 349 pesos correspondientes a pólizas contables por concepto de adquisición de materiales y recursos para la reactivación económica de juntas auxiliares.
Del mismo modo, se detectaron irregularidades por un monto de 177 millones 633 mil 831.55 pesos en el gasto de 2020 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), mientras Alfonso Esparza Ortiz era rector; los rubros en los que se hay observaciones es en los pagos de nómina no contemplados, la adquisición de bienes inmuebles y recursos erogados para becas, que fueron catalogadas como probable daño al erario.
En el documento, se detalló que el total de recursos transferidos a la institución durante el año pasado fueron 4 mil 474 millones 493.1 mil pesos, de los cuales se revisó el gasto de 3 mil 847 millones 392.6 mil pesos, que representó el 86 por ciento del total.
De la mismas manera, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que no reportó de forma pormenorizada el ejercicio y destino de los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El caso del presunto daño patrimonial se debió al pago anticipado de una obra, pues el Gobierno de la Ciudad dio un pago previo por 6 millones 246 mil 252 pesos para una obra asentada con el contrato OP/LPE060/SISPMP-2020-26133.
“En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en materia de obra pública y adquisiciones, arrendamientos y servicios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 10,612.6 miles de pesos, el cual representó el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, indicó el documento.
