Tras revisión a la fiscalización de los programas sociales promovidos por Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dio a conocer que, en 2020, la Secretaría de Bienestar aceptó como beneficiarios de programa a personas con irregularidades.
Estas iban desde documentos sin identificación, duplicados con cargo a los programas Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, hasta el pago a personas fallecidas.
Ante ello, la Secretaría del Bienestar a cargo de Javier May, debió aclarar el destino de 104 millones 866 mil 80 pesos.
En el caso de Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, la ASF determinó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 819 mil 240 pesos por pagos a 986 beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que fallecieronentre febrero de 2019 y agosto de 2020, antes de los pagos.
Además, se otorgaron apoyos por 176 mil 900 pesos a 21 mayores de 67 años, edad máxima establecida para ser beneficiario del programa.
En cuanto al programa Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se precisó que le falta un sistema informático para la operación, control, seguimiento y supervisión que permita obtener y procesar la información de cada uno de los procesos operativos, así como la falta de información relevante y de calidad.
La falta de control propició que 7 millones de pesos se pagaran a 114 madres, padres o tutores y mil 293 menores de edad niños sin contar con CURP ni documentos que los identifique, tales como credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago.
Se dieron otros 470 mil pesos a 278 niños que rebasaron la edad límite establecida en las Reglas de Operación del programa y 66 mil 800 pesos a 19 beneficiarios después de su fecha de fallecimiento.
No terminan de justificar la lana…
En continuidad de la problemática, la ASF entregó a la Cámara de Diputados una segunda parte del informe sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. Por su parte el auditor superior de la Federación David Colmenares, detalló que únicamente quedaba pendiente aclarar 12 mil 253 millones de pesos.
En el informe fueron incluidos gastos realizados por estados y municipios, poderes judiciales estatales, universidades públicas, oficinas del DIF estatales, el Fondo Metropolitano, entre otros.
Colmenares Páramo hizo énfasis en la necesidad de contar con “más atribuciones legales y herramientas técnicas” para combatir las diversas modalidades de corrupción, auditar en tiempo real, así como incrementar el impacto de la fiscalización superior. “La fiscalización superior no debe ser rebasada por condiciones externas ni deben surgir brechas entre las características y atribuciones del ente auditor frente a la complejidad de la actuación de los entes públicos, o incluso ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción”, expresó.
Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se entregan 625 Informes Individuales de Auditoría, que se suman a las 125 presentadas el 30 de junio pasado, para totalizar 750 revisiones, equivalentes a más de 46 por ciento respecto a lo previsto en el Programa Anual de Auditorías, del cual se dará cuenta total en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior en febrero próximo.
Afirmó que por primera vez se auditaron a las universidades tecnológicas y politécnicas, así como a los colegios de bachilleres locales; de Cumplimiento Financiero y las de Desempeño.
