José Raúl Ríos
Mientras que el patrimonio cultural, sus tradicionales y la producción artesanal de la Sierra Nororiental son el principal imán turístico y de identidad para el estado de Puebla, las comunidades que lo sostienen operan bajo una profunda desigualdad histórica, generando una derrama económica millonaria que no se regresa a sus creadores ni mucho menos a sus pueblos, pues aunque alberga la “Ceremonia ritual de los voladores”, uno de los 11 elementos mexicanos declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y cerca del 45% al 50% del total de danzas tradicionales registradas en Puebla por la Secretaría de Cultura Federal (SIC), sigue enfrentando una gravemente la falta de espacios públicos, materiales y recursos institucionales para su preservación y enseñanza.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura Federal y del INEGI, la economía cultural de los pueblos indígenas es un motor fundamental para la región. Nuestras tradiciones, danzas, bordados y artesanías atraen cada año a miles de visitantes, y esa afluencia genera una importante derrama económica: llena hoteles, da vida a restaurantes, mueve al transporte público, a las gasolineras y a los comercios locales. Es decir, de forma indirecta, toda esa actividad cultural se convierte en riqueza y fortalece el Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
Sin embargo, mientras el trabajo de los artesanos y danzantes sostiene la actividad turística de toda la región, sus ingresos no cubren ni el costo de producción. Es decir, el pueblo aporta la cultura, pero la derrama económica la capitalizan terceros. El turismo se beneficia de la identidad indígena, sin que ello se traduzca en mejores condiciones de vida de quienes la preservan.
Esta situación orilla a más gente humilde y trabajadora a una vida de pobreza extrema, pues de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2024, municipios emblemáticos por su herencia cultural como Huehuetla, Camocuautla, Hueyapan o Zoquiapan registran niveles de pobreza que oscilan entre el 70% y más del 80% de su población.
Lo anterior no es sólo una injusticia económica, es una violación a un derecho constitucional, pues aunque el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Estado a garantizar que las expresiones de regiones como la Sierra Nororiental de Puebla (danzas, música, tradiciones) no sólo se preserven, sino que cuenten con espacios públicos y apoyo para su difusión.
Pues establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.
No obstante, en el terreno de los hechos la asignación federal del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 es de 15,081 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.15% del presupuesto total de la Federación para todo el sector cultural, equivalente al 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, situándose por debajo de las recomendaciones internacionales de la UNESCO (que sugiere destinar al menos el 1% del PIB al desarrollo cultural).
Esto explica por qué la mayoría de los municipios serranos carecen de casas de cultura con talleres equipados para la enseñanza de la música tradicional, para el resguardo de telares, para la enseñanza de la escultura, pintura y la danza. Al no materializarse de forma equitativa los mecanismos de apoyo institucional que mandata la ley, son las comunidades, las faenas y los comités locales quienes terminan “subvencionando” con recursos propios un derecho que el Estado está obligado a promover y proteger.
De acuerdo con estudios sobre economía comunitaria del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 2025 y registros del Sistema de Información Cultural (SIC), cerca del 90% de las actividades culturales en la zona no dependen de subsidios estatales o municipales, sino de fondos autogestionados mediante sistemas de cooperación voluntaria y faenas comunitarias.
Y si volteamos a ver a las escuelas, la situación es más preocupante. Mientras los discursos oficiales ensalzan la riqueza cultural de la región, dentro de las aulas de educación básica, media superior y técnica de la Sierra Nororiental la realidad es tajante: la educación artística está prácticamente desmantelada. Salvo contadas excepciones autogestionadas por docentes y comités escolares, la enseñanza formal de las Bellas Artes —música, danza, teatro, poesía, pintura y escultura— ha quedado relegada a una actividad marginal o meramente decorativa para festivales escolares, limitando el desarrollo creativo y social de las nuevas generaciones.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y diagnósticos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 2025, sobre infraestructura escolar, la inmensa mayoría de las escuelas públicas en municipios serranos carece de aulas taller especializadas, instrumentos musicales, materiales plásticos y plazas docentes asignadas exclusivamente a la formación artística.
El modelo educativo actual prioriza asignaturas estandarizadas, reduciendo las disciplinas artísticas a la categoría de “desarrollo personal” sin presupuesto ni horas clase suficientes, es más, la figura del maestro de música, artes plásticas o teatro ha desaparecido de los planteles rurales e indígenas, dejando la responsabilidad a docentes de grupo que carecen de formación técnica específica.
Los estudiantes de la Sierra no cuentan con lienzos, pinturas, arcilla para modelar ni instrumentos (violines, guitarras, flautas) provistos por el sistema educativo. Todo material debe ser costeado por las familias, lo que en zonas con elevados índices de pobreza se traduce una vez más, en la cancelación inmediata de estas actividades.
El arte originario se crea para la comunidad; sin embargo también se ha convertido en una mercancía para el mercado del arte privado, el cual posa su mirada sobre las creaciones de los pueblos (textiles, máscaras, cerámica), sólo para arrancarle las raíces del pueblo y convertirlo en una pieza de decoración “exótica” de alto valor en tiendas de diseño o galerías urbanas.
Pero el arte emanado del pueblo tiene un propósito más grande: el de alimentar las aspiraciones de su pueblo, desarrollar su potencial creador y elevar su conciencia social hasta convertirlo en un elemento activo en la lucha contra la desigualdad. Por lo que, rescatar la cultural originaria implica también defender las raíces históricas y el amor a la patria. En una época caracterizada por la expansión de las potencias imperialistas que ambicionan los recursos naturales y la fuerza de trabajo de las naciones en desarrollo, la identidad nacional y la conciencia de clase se convierten en la primera línea de defensa de la soberanía.
A las potencias dominantes les estorba un pueblo consciente de su historia y orgulloso de sus raíces. Por ello, emplean mecanismos de penetración ideológica orientados a imponer patrones de consumo que no nos pertenecen, música comercial, el individualismo atroz y la falsa idea de que la realidad es inmodificable. Las agresiones, bloqueos y presiones que sufren naciones soberanas son muestra de esa pretensión de sometimiento global. Frente a este panorama, el arte popular es una trinchera de resistencia: a través de las expresiones musicales y la organización, los mexicanos construyen la unidad necesaria para edificar un país más justo, donde la riqueza y la cultura pertenezcan verdaderamente a quienes las crean con su trabajo.
Por lo que la organización comunitaria autónoma y el trabajo colectivo, a través de los comités patronales, las mayordomías y las cooperativas artesanales, que realizan los propios pobladores pues asumen la responsabilidad técnica, financiera y logística de mantener vivas sus tradiciones, debe servir para alimentar su unidad para luchar en contra de la pobreza, la falta de apoyo a la cultura, el sometimiento de los poderosos y la desigualdad.






