En medio de la presión social y política, este jueves 5 de noviembre Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay, luego de perder el respaldo dentro de su propio partido, la Asociación Nacional Republicana, conocido como Partido Colorado.
Esto después de que el Banco Central de Paraguay iniciara un procedimiento de resolución contra Ueno Bank el 3 de noviembre.
De acuerdo con el comunicado del BCP, el procedimiento de resolución de Ueno Bank se decidió después de detectar que sus estados financieros evidenciaban una insuficiencia grave de capital. El banco no contaba con el nivel de solvencia exigido para respaldar adecuadamente sus operaciones y obligaciones.
La medida dejó temporalmente bloqueadas las operaciones de la entidad y afectó a aproximadamente tres millones de clientes, quienes no pudieron acceder a sus cuentas, retirar efectivo ni realizar transferencias o disponer libremente de sus ahorros. La crisis también pone bajo cuestionamiento el destino de recursos públicos depositados en la institución, que concentraba entre 800 y 850 millones de dólares, incluidos aproximadamente 380 millones correspondientes a fondos de jubilaciones y salud.
Ante la situación, el Banco Central informó que los depósitos estaban protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos y anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes para los ahorristas, con entregas sujetas al calendario establecido. Sin embargo, esta medida no garantiza que todos los clientes recuperen de manera inmediata la totalidad de sus recursos, especialmente aquellos que superan la cobertura legal.
El congelamiento de los fondos provocó manifestaciones ese mismo día en Asunción, donde ahorristas, jubilados y otros usuarios de Ueno se concentraron frente al Panteón Nacional de los Héroes para exigir la devolución de su dinero y explicaciones sobre el destino de los recursos. Otras manifestantes tuvieron reunión en el Congreso Nacional y frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente, para exigir que se investigara su posible responsabilidad. Durante las jornadas de protesta se registraron enfrentamientos y forcejeos con elementos policiales, así como el uso de gas lacrimógeno y un vehículo hidrante para dispersar a los manifestantes.
El presidente, Santiago Peña, comenzó a ser fuertemente cuestionado, debido a sus vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, conglomerado propietario de Ueno, situación que ha generado señalamientos sobre posibles conflictos de interés, principalmente de distintas instituciones gubernamentales y entidades públicas que mantenían importantes depósitos en el banco.
A través de sus redes sociales, el mandatario expresó:
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas».
La Cámara de Diputados rechazó su dimisión y aprobó por unanimidad, con 78 votos, avanzar con el juicio político en su contra. De esta manera, el procedimiento pasó al Senado, donde continúa la discusión sobre su destitución y las responsabilidades políticas relacionadas con la crisis.
