El Gobierno del Estado, a través de José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, negó que la decisión del la Auditoría Superior del Estado (ASE) para inhabilitar por 15 años al panista Eduardo Rivera, para ejercer cargos públicos, sea una “persecución política”, como lo denunció a través de sus redes sociales el ex presidente municipal de la capital poblana.
De acuerdo con el funcionario morenista, los procedimientos de fiscalización corresponden a organismos autónomos y no están sujetos a instrucciones del Poder Ejecutivo, y aseguró que la administración de Alejandro Armenta Mier no utiliza las instituciones para perseguir a actores políticos.
García Parra también refirió que desconoce los elementos bajo los que se sustenta la resolución de la ASE, sin embargo, también señaló que se trata de una determinación de primera instancia, por lo que el exalcalde tiene derecho a impugnarla y continuar con los procedimientos legales correspondientes.
En este contexto, justificó que, durante el año pasado, el Gobierno del Estado convocó a los presidentes municipales y exalcaldes a revisar procedimientos pendientes y presentar la documentación necesaria para solventar observaciones en sus cuentas públicas por parte de la Auditoria Superior del Estado “para evitar que los procesos de fiscalización fueran interpretados como acciones de persecución política”.
Esta situación se da luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado determinó multar e inhabilitar para ocupar cargos públicos al ex alcalde panista Eduardo Rivera Pérez por presuntas faltas administrativas graves.
El panista afirmó que la administración que encabezó “siempre se condujo con estricto apego a la legalidad”, por lo que buscará impugnar la resolución ante las instancias correspondiente porque «quieren multarme e inhabilitarme injustamente».
Para Rivera Pérez, resulta preocupante la “coincidencia” de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, y consideró legítimo cuestionar las implicaciones políticas de este acción por parte de la ASE.
Por Adrián Salazar
