La adquisición de Cellebrite por parte de la Fiscalía de Puebla ya provocó una convocatoria de protesta para el próximo 6 de noviembre. Y aunque el gobierno estatal asegura que el programa no se utilizará para espiar a periodistas, activistas ni opositores, todavía tiene pendiente explicar con precisión qué controles impedirán que la información extraída de los teléfonos termine en manos equivocadas.
El antecedente internacional merece atención. En diciembre de 2024, Amnistía Internacional documentó que autoridades de Serbia utilizaron herramientas de Cellebrite para desbloquear teléfonos de periodistas y activistas, en al menos dos casos como paso previo a la instalación del programa espía NoviSpy. La organización encontró evidencia forense de esos procedimientos. Esto no significa que Cellebrite sea Pegasus, como ha señalado el gobierno poblano, pero sí demuestra que una herramienta de extracción forense puede emplearse fuera de los límites de una investigación legítima.
La Fiscalía sostiene que utilizará el sistema para recuperar información de dispositivos asegurados durante operativos, cateos y detenciones. Sin embargo, el proyecto contempla equipos especializados, licencias y hasta 150 desbloqueos de teléfonos, además de capacitación para ocho agentes. La licitación tiene previsto resolverse el 6 de noviembre, el mismo día de la movilización.
La discusión de fondo es quién tendrá acceso a los datos, qué autorización judicial se exigirá, cómo se documentará cada extracción y qué mecanismos independientes revisarán su uso. La ciudadanía no tiene por qué conformarse con una declaración de buenas intenciones cuando se trata de información privada capaz de revelar conversaciones, contactos, fotografías y ubicaciones.
La marcha partirá del Zócalo a las 12:00 horas rumbo a Casa Aguayo. La protesta pone sobre la mesa la exigencia de que el gobierno haga pública la información técnica y jurídica de la adquisición y establezca garantías verificables antes de poner esta tecnología en manos de la Fiscalía.
