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La FGR reportó 32 fosas clandestinas en 2025; las fiscalías estatales, 651

Un nuevo informe de Article 19, Data Cívica y la Ibero revela que la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 32 fosas clandestinas en seis estados durante 2025, mientras que las fiscalías estatales documentaron 651 en 16 entidades. La brecha de más de 600 fosas confirma, según el documento, que todavía no es posible conocer con certeza cuántas existen en el país.

Sonora encabeza el recuento estatal con 204 fosas, casi una tercera parte del total y más que todas las reportadas por la FGR a nivel nacional. Le siguen Chihuahua (85), Baja California Sur y Jalisco (71 cada uno). Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Sinaloa suman 410 fosas que no aparecen en la información federal. Hermosillo es el municipio con más hallazgos: 90 fosas. La prensa, por su parte, documentó 433 en todo el país.

Las fiscalías estatales informaron además de 833 cuerpos y 226 restos humanos recuperados. De los cuerpos, 287 no tienen dato de sexo, y en los restos la omisión alcanza a 194 de 226. Jalisco reportó 257 cuerpos, de los cuales 184 carecen de esa información. El informe advierte que los restos no equivalen a personas, pues varios pueden pertenecer a una misma víctima, por lo que no se puede establecer un total.

En Puebla, la fiscalía estatal reportó cuatro fosas clandestinas y cuatro cuerpos en 2025, sin precisar el municipio. Las notas de prensa documentaron 12 fosas en la entidad, y la FGR no reportó ninguna. Puebla sí respondió a la solicitud de información; no fue el caso de 11 entidades que no entregaron datos útiles, por lo que la cifra nacional de las fiscalías está subestimada.

El informe se publica en un contexto en el que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 130 mil personas, y en el que familias y colectivos de búsqueda han asumido tareas que corresponden al Estado. Los autores señalan que la desaparición del INAI deterioró la calidad de las respuestas a sus solicitudes y que la falta de trazabilidad entre fiscalías estatales y FGR impide explicar las diferencias entre ambos conteos.

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