María Fernanda Orozco Suárez tenía 24 años. Su familia perdió contacto con ella el sábado y acudió al departamento donde vivía en San Andrés Cholula. Ahí la encontraron sin vida, con aparentes huellas de violencia. Alexandro Brian “N”, su pareja sentimental, fue detenido como probable responsable y la Fiscalía investiga el caso bajo protocolo de feminicidio.
Su familia tuvo que permanecer durante horas esperando a que la Fiscalía llegara a levantar el cuerpo.
El padre de María Fernanda aseguró que desde aproximadamente las 11 de la noche habían reportado los hechos. La respuesta ministerial se prolongó hasta el día siguiente. La propia fiscal Idamis Pastor terminó ofreciendo una disculpa y explicó que Puebla cuenta con apenas cuatro unidades para realizar levantamientos de cadáveres y que esa noche hubo varios servicios simultáneos.
Cuatro.
Para una entidad de más de seis millones de habitantes.
Así que mientras una familia acababa de encontrar asesinada a su hija, hermana y ser querido, también tuvo que descubrir que la institución encargada de investigar su muerte no tenía unidades suficientes para llegar oportunamente.
La detención de Alexandro Brian es un avance y será un juez quien determine su responsabilidad. También debe precisarse que la UDLAP desmintió las primeras versiones que identificaban tanto a María Fernanda como al detenido como integrantes de su comunidad universitaria.
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Olga Lucía Romero Garci-Crespo dejó la dirigencia estatal de Morena para concentrarse en su aspiración por la presidencia municipal de Tehuacán. La salida acomoda otra pieza rumbo a 2027, pero también devuelve inevitablemente la mirada hacia uno de los expedientes familiares más controvertidos de la región.
Su nombre forma parte desde hace años del pleito por la herencia de la empresaria Socorro Romero Sánchez, un patrimonio estimado en alrededor de 600 millones de dólares.
El conflicto ha sido cualquier cosa menos discreto.
Estela Romero Bringas, reconocida como heredera universal en el testamento de Socorro Romero, fue detenida en abril de este año, a los 86 años, junto con el notario Ramiro Rodríguez Macluf por un proceso relacionado con presunto fraude. Posteriormente enfrentó el proceso con medidas cautelares debido a su estado de salud y murió el pasado 26 de septiembre.
Su hijo Miguel Ángel Celis Romero también permanece privado de la libertad dentro de otro de los pleitos judiciales que han rodeado a la familia. Olga Romero, por su parte, ha figurado entre quienes han impugnado el testamento y reclamado derechos sobre aquella fortuna.
Nada de ello constituye, por sí mismo, una responsabilidad penal de la ahora exdirigente morenista. Pero políticamente el asunto tampoco puede fingirse inexistente cuando pretende gobernar precisamente Tehuacán, territorio donde el apellido Romero representa desde hace décadas poder económico, empresarial y ahora también político.
La candidatura tendrá que procesarse dentro de Morena y habrá otros aspirantes. Pero Romero llegará a esa disputa con dos historias corriendo paralelamente: la de la dirigente que quiere convertirse en alcaldesa y la de la integrante de una familia enfrentada durante años por una fortuna de cientos de millones de dólares.
Tehuacán tendrá tiempo suficiente para conocer ambas.