Cuatro mil millones de pesos, 700 departamentos y 175 mil metros cuadrados de construcción. Sobre el papel, el proyecto que Carlos Slim y Grupo Carso anunciaron para Paseo de San Francisco pinta extraordinario: vivienda, comercios, oficinas, espacios educativos, entretenimiento y miles de empleos. Slim incluso promete vivienda de “bajo costo” para trabajadores.
Pero en Puebla ya deberíamos desconfiar un poquito de esa palabra tan bonita que utilizan los grandes desarrolladores: revitalizar.
Porque San Francisco no está muerto. Alrededor viven familias, existen muchas vecindades y trabajan comerciante. Meter 4 mil millones de pesos en 45 mil metros cuadrados de terreno inevitablemente transformará el valor y la dinámica económica de toda esa zona. Y cuando llega el capital inmobiliario, la pregunta no puede ser solamente cuánto construirá, sino quién podrá seguir pagando por vivir y trabajar alrededor de lo construido.
No significa rechazar una inversión que puede generar empleo, vivienda y recuperar inmuebles deteriorados. Significa exigirle al Ayuntamiento que la regeneración urbana no termine convirtiéndose en desplazamiento. Slim tendrá sus 700 departamentos, corredores comerciales y estacionamientos subterráneos; Puebla debe garantizar que, cuando terminen las obras, todavía haya lugar para la vecindad, las chalupas, el pequeño comercio y la gente que hizo de San Francisco un lugar para visitar mucho antes de que alguien descubriera que podía convertirse en un negocio de 4 mil millones.
Revitalizar San Francisco sin sus habitantes sería simplemente ponerle un nombre elegante a sustituirlos.
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Andrés Manuel López Beltrán quiere ser diputado federal. El hijo del expresidente pasó de no haber ocupado un cargo de elección popular a convertirse en 2024 en secretario de Organización de Morena —una de las posiciones más importantes del partido fundado por su padre— y ahora busca brincar a San Lázaro por Tabasco. Su carrera política puede ser joven; su expediente de polémicas, no tanto.
Ahí está Japón. En 2025, mientras Morena celebraba su Consejo Nacional, Andy vacacionaba durante dos semanas en Tokio. Primero respondió que había pagado 7 mil 500 pesos por noche y reivindicó que había aprendido desde niño que “el poder es humildad” y que debía vivirse en la “justa medianía”. Después aparecieron las facturas: 177 mil 67 pesos gastados en el hotel y una sola cena por 47 mil 627 pesos. Todo legal, posiblemente. Austero, difícilmente.
Luego están los amigos. Jorge Amílcar Olán, identificado públicamente como cercano a los hermanos López Beltrán, pasó a convertirse en proveedor gubernamental y ha quedado en el centro de investigaciones periodísticas sobre contratos para obras prioritarias del sexenio anterior. Audios publicados por medios lo muestran hablando sobre negocios de balasto para el Tren Maya y el Interoceánico y presuntas gestiones de Gonzalo López Beltrán. Los hijos del expresidente han rechazado haber intervenido en contratos gubernamentales.
Otro cercano a Andy, Daniel Arturo Casasús, secretario de Obras Públicas de Tabasco, firmó contratos por casi 12 millones de pesos con empresas vinculadas a familiares de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad tabasqueño acusado de encabezar “La Barredora”. Eso no demuestra responsabilidad de López Beltrán, pero ayuda a entender por qué su círculo político y empresarial lleva meses bajo escrutinio.
Después: Estados Unidos le retiró la visa en agosto de 2026. Washington no hizo pública una acusación penal contra él y López Beltrán sostuvo que la medida tenía motivaciones políticas. Pero esta misma semana The New York Times reportó que al menos dos agencias estadounidenses han revisado información sobre posibles vínculos suyos con redes de crimen organizado y contrabando de combustible.
Así llega Andy a pedir el voto.
Con vacaciones en Japón que hicieron añicos el discurso de la “justa medianía”; con empresarios y operadores de su círculo apareciendo repetidamente en investigaciones periodísticas sobre contratos públicos; con una visa estadounidense revocada; con agencias de ese país revisando información relacionada con él…
Y después de todo eso, Morena está dispuesto a abrirle la puerta de San Lázaro.
Qué curioso destino el de la Cuarta Transformación: combatió durante años a los juniors del poder para terminar construyendo el suyo.
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Xel Arianna Hernández se quejó de que los usuarios de RUTA viajan “como enlatados”. Tiene razón en una cosa: el sistema está saturado. Lo curioso es escuchar la descripción desde una clase política cuyos integrantes tienen alternativas que la mayoría de los usuarios simplemente no posee.
Pero vayamos a los números.
Durante el primer semestre de 2026, RUTA transportó en promedio 9 millones 268 mil 936 pasajeros cada mes, 11 por ciento más que durante el mismo periodo de 2025. Mientras la demanda aumentó 11 por ciento, las unidades en operación entre semana crecieron apenas 1 por ciento.
Ahí están los “enlatados”.
No hacen falta demasiadas teorías sobre movilidad para entender qué sucede cuando los pasajeros crecen once veces más rápido que la flota.
Y esos números vuelven inevitable otra discusión: ¿dónde está poniendo Puebla su dinero para movilidad?
El Cablebús actualmente contratado cuesta 6 mil 752 millones de pesos y su arranque está proyectado para unos 18 mil 930 pasajeros diarios; una eventual ampliación hacia La Resurrección podría elevar la inversión global hasta aproximadamente 8 mil 353 millones.
Mientras tanto, RUTA ya mueve alrededor de 9.3 millones de pasajeros al mes.
Eso no significa que Puebla no necesite nuevas alternativas de movilidad ni que el transporte por cable carezca de utilidad. El propio proyecto gubernamental contempla integrarlo con RUTA y otros medios. Pero sí obliga a preguntar si, junto a una obra multimillonaria nueva, se está destinando suficiente dinero al sistema que ya existe, ya funciona —con todos sus asegunes— y ya carga diariamente con cientos de miles de viajes.
Así que gracias a la diputada por descubrir que la gente viaja apretada.
Ahora viene la parte difícil: discutir presupuesto, ampliar unidades, frecuencias y líneas, mejorar alimentadoras y preguntarse cuántos de esos miles de millones podrían fortalecer una red que ya demostró tener una demanda gigantesca.
Porque los usuarios de RUTA no necesitan que desde el Congreso les expliquen que viajan “como enlatados”.
Lo saben perfectamente: son ellos los que van adentro.