Hay una cifra nueva sobre la inseguridad en Puebla que probablemente diga más que muchas estadísticas sobre incidencia delictiva: en cinco años, integrantes de 21 mil hogares tuvieron que abandonar su vivienda por la delincuencia.
No sabemos sus nombres. Tampoco sabemos de qué municipios salieron ni a dónde llegaron. El Inegi apenas comenzó a preguntar por ellos en su Encuesta Intercensal de 2025. Hasta ahora eran, para efectos estadísticos, poblanos que simplemente se habían mudado.
Pero una mudanza supone cierta voluntad. Aquí hablamos de otra cosa. De cerrar una casa porque ya no resulta seguro habitarla; dejar vecinos, escuela, trabajo o familia y comenzar en otro sitio porque alguien —un delincuente, una amenaza, la violencia del entorno— terminó decidiendo que ahí ya no podías vivir.
El dato también obliga a revisar cómo hablamos de seguridad. Un municipio puede presumir menos denuncias y, al mismo tiempo, haber perdido habitantes que se fueron precisamente por miedo. Una familia desplazada incluso puede desaparecer de la estadística criminal del lugar que abandonó: ya no está ahí para denunciar el siguiente delito.
Por eso esos 21 mil hogares cuentan una historia distinta de Puebla. No la de quienes fueron asaltados y regresaron a casa, sino la de aquellos para quienes el problema fue precisamente que ya no pudieron regresar a ella.