En apenas siete meses, 6 mil 96 poblanos reportaron llamadas de extorsión y 880 terminaron entregando dinero. Es decir, más de cuatro personas cada día fueron víctimas de una modalidad delictiva que explota el miedo, la urgencia y, muchas veces, la información personal de quienes reciben una llamada.
Que otras 5 mil 216 personas hayan logrado evitar el pago demuestra la importancia de la prevención, pero también dimensiona la frecuencia con la que estos intentos ocurren.
Lo verdaderamente preocupante es que una parte de las llamadas provenga de centros penitenciarios. En cárceles poblanas se han decomisado 933 teléfonos celulares.
¿Cómo llegan cientos de dispositivos a lugares que deberían encontrarse bajo estricta vigilancia? Pedirle al ciudadano que cuelgue, no proporcione información y marque al 089 es necesario, pero resulta insuficiente cuando el Estado tampoco consigue impedir que desde sus propios penales existan herramientas para continuar delinquiendo.
La extorsión telefónica no puede combatirse únicamente con recomendaciones para las víctimas. Se necesitan controles efectivos en los centros penitenciarios, investigaciones sobre las redes que permiten el ingreso de celulares y consecuencias para quienes las facilitan.