Han pasado 11 años desde que el servicio de agua potable fue concesionado con la promesa de modernizar la infraestructura, mejorar el abastecimiento y ofrecer un servicio de mayor calidad.
Tristemente, la realidad sigue siendo otra.
Entre 2019 y 2025, la PROFECO recibió 210 quejas contra Agua de Puebla; casi la mitad estuvieron relacionadas con cobros indebidos, errores de facturación o la negativa de la empresa para corregirlos.
Incluso este año, la dependencia federal suspendió temporalmente sus oficinas por irregularidades como publicidad engañosa y la falta de información clara sobre tarifas.
Las cifras oficiales tampoco favorecen a la concesionaria.
Apenas la semana pasada, el Congreso local informó que —a más de una década del inicio de la concesión—, solo 9 de los 31 indicadores de desempeño presentan cumplimiento satisfactorio, por lo que anunció una revisión del contrato de 30 años firmado en 2014.
Mientras tanto, la empresa afirma que atenderá a casi 500 mil usuarios e invertirá 247 millones de pesos en 2026, pero miles de poblanos continúan denunciando deficiencias en el servicio y cobros que consideran injustificados.
El agua es un derecho humano, no un negocio cualquiera. Si después de once años persisten las mismas quejas y el propio Poder Legislativo cuestiona el cumplimiento de la concesión, la discusión ya no debe limitarse a corregir recibos o conciliar reclamaciones.
La verdadera pregunta es si el modelo que administra el agua en Puebla está cumpliendo con aquello para lo que fue creado o si ha llegado el momento de replantearlo de fondo.