Durante semanas, el gobierno de Puebla descalificó a la cuenta de X La Aldea Poblana, acusándola de difundir ataques sin fundamento.
Incluso, en medio de la polémica por las publicaciones críticas en redes sociales, surgió la llamada «Ley de Ciberasedio», una iniciativa que fue ampliamente cuestionada por organizaciones civiles y especialistas por el riesgo que representaba para la libertad de expresión.
Sin embargo, esta vez los hechos hablaron por sí solos: la denuncia sobre las más de 130 fotomultas acumuladas por la camioneta en la que se traslada el gobernador Alejandro Armenta resultó ser cierta, y el propio mandatario terminó reconociendo el adeudo y pagando las infracciones.
Más preocupante aún fue la explicación. El gobernador afirmó que él no conduce la unidad y atribuyó la responsabilidad al chofer. Pero quien ocupa el vehículo, quien se beneficia de sus traslados y quien representa la máxima autoridad del estado no puede deslindarse tan fácilmente.
Los servidores públicos están obligados a ser ejemplo del cumplimiento de la ley, no únicamente a pagar cuando son exhibidos públicamente. La rendición de cuentas comienza por asumir responsabilidades, no por trasladarlas a un subordinado.
Las críticas deben responderse con argumentos y transparencia, no con intentos de desacreditar a quien las formula ni con iniciativas que puedan inhibir la libertad de expresión.
Si una cuenta incómoda terminó revelando una irregularidad que el propio gobierno confirmó, quizá el problema nunca fue quien denunció, sino aquello que se pretendía ocultar.