Un total de 108 servidores públicos del Gobierno de Tlaxcala se encuentran identificados por la Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET) por contar con reportes o denuncias relacionadas con violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias, mientras que 29 de ellos tienen descuentos automáticos en su salario para cubrir pensiones alimenticias ordenadas por autoridades judiciales.
La información fue dada a conocer por la propia dependencia estatal, que aclaró que los descuentos vía nómina únicamente se aplican cuando existe una resolución judicial y precisó que ninguno de los funcionarios señalados ha sido separado de su cargo por esta situación.
El tema cobró relevancia luego de la campaña institucional «Eres de los que se fue por cigarros, regresa con dos kilos de huevos», impulsada por la Secretaría de las Mujeres para promover la paternidad responsable. La estrategia generó críticas de colectivos feministas, especialistas y organismos defensores de derechos humanos, quienes consideraron que el mensaje trivializaba una problemática que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes.
Uno de los casos con mayor repercusión pública es el del secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien fue señalado por una demanda relacionada con el presunto incumplimiento del pago de pensión alimentaria para su hijo. Tras su nombramiento como titular de la Secretaría de Gobierno, diversas organizaciones solicitaron su remoción al considerar que el cargo es incompatible con los principios de la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia.
Esta reforma, vigente a nivel nacional, establece restricciones para que personas con sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas puedan ocupar determinados cargos públicos o competir por puestos de elección popular.
Tras la polémica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala llamó a las autoridades a fortalecer las políticas públicas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de igualdad y no discriminación.
Por su parte, datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, administrado por el Gobierno de México, forman parte de las herramientas creadas para combatir el incumplimiento de pensiones alimenticias y limitar el acceso de deudores alimentarios morosos a diversos trámites y cargos públicos.
Silvanna Mortera