- Habitantes de Topolobampo endurecieron las protestas tras la llegada de infraestructura industrial al proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente; exigen la cancelación definitiva por los riesgos ambientales y sociales que representa para la Bahía de Ohuira.
Ciudad de México. La oposición de comunidades indígenas yoreme-mayo a la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en Topolobampo, Sinaloa, escaló durante las últimas semanas con bloqueos, movilizaciones y protestas dentro y fuera del país, luego de la llegada de dos estructuras industriales destinadas al megaproyecto.
Las comunidades, que mantienen su resistencia desde 2014, aseguran que la instalación representa un riesgo para la Bahía de Ohuira, un humedal protegido como Sitio Ramsar por su importancia ecológica, además de afectar la actividad pesquera y el territorio ancestral del pueblo yoreme-mayo. La planta está diseñada para producir alrededor de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco destinado a la fabricación de fertilizantes.
Tras la llegada de las estructuras industriales a finales de mayo, el rechazo al proyecto se extendió entre habitantes de Topolobampo, Los Mochis y otros municipios de Sinaloa. Las protestas también alcanzaron la Ciudad de México y Berlín, Alemania, donde organizaciones ambientalistas cuestionaron el financiamiento otorgado por el banco alemán KfW IPEX-Bank al desarrollo del complejo industrial.
Como respuesta a la presión social, el pasado 12 de junio autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación y representantes del gobierno de Sinaloa sostuvieron una reunión con integrantes de las comunidades para establecer una ruta de diálogo e inspecciones ambientales. Sin embargo, los opositores señalaron que el encuentro no resolvió su principal demanda: la cancelación definitiva del proyecto.
Desde el 15 de junio, habitantes mantienen un bloqueo permanente en los accesos a la planta, con el objetivo de impedir el avance de las obras mientras continúan las revisiones oficiales. Los manifestantes sostienen que no levantarán las protestas hasta obtener una resolución favorable.
Especialistas consultados por medios de comunicación advirtieron que la ubicación de la planta podría afectar el equilibrio ecológico de la Bahía de Ohuira debido al uso intensivo de agua marina, el incremento en la temperatura y salinidad del ecosistema y el posible impacto sobre especies protegidas, como la tortuga carey y los delfines nariz de botella, además de poner en riesgo la actividad de miles de pescadores de la región. También alertaron sobre los posibles efectos de una eventual fuga de amoniaco en comunidades cercanas.
Por su parte, GPO rechazó que el proyecto represente un riesgo ambiental y aseguró que cuenta con estudios técnicos, autorizaciones y sistemas de seguridad que cumplen con la normatividad vigente. Asimismo, reiteró su disposición al diálogo y afirmó que la planta operará bajo estándares ambientales y sociales.
Las comunidades yoreme-mayo insistieron en que continuarán con la resistencia hasta impedir que la planta entre en funcionamiento, al considerar que el proyecto vulnera sus derechos territoriales y pone en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del noroeste del país.