Silvanna Mortera
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla recibió 502 quejas relacionadas con violencia y presuntas violaciones a derechos humanos en instituciones educativas entre noviembre de 2024 y abril de 2026, de las cuales 321 corresponden a escuelas de la capital del estado.
De acuerdo con el organismo, las denuncias abarcan casos de hostigamiento y acoso laboral, discriminación, bullying, omisión o negativa del servicio educativo, afectaciones a la integridad de estudiantes y personal, así como presuntos casos de acoso y abuso sexual.
Las cifras muestran que Puebla capital concentra el 63.9 por ciento de los expedientes, mientras que los 181 restantes fueron presentados por hechos ocurridos en municipios del interior del estado.
En promedio, la CDH recibió casi una denuncia diaria durante el periodo analizado, equivalente a 27 quejas mensuales por situaciones que vulneran los derechos de la comunidad escolar.
El organismo señaló que, además de la capital, en escuelas del resto del estado también se presentan casos relacionados con la violación al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación libre de violencia y discriminación, así como afectaciones al acceso a servicios escolares y, en el caso del personal educativo, al derecho a laborar en condiciones dignas.
Capacitan a más de 4 mil personas
Como parte de las acciones para prevenir estos casos, la Comisión informó que capacitó a 4 mil 106 personas mediante el Modelo Integral de Entornos Educativos Seguros y Protectores (MIESP), estrategia con la que busca identificar, prevenir y denunciar cualquier forma de violencia en las escuelas.
La CDH explicó que el programa promueve el conocimiento de los derechos humanos entre estudiantes, docentes, madres, padres de familia y personal administrativo, además de fortalecer la coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para atender los casos que se presenten.
El organismo reiteró que la violencia escolar afecta el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó a denunciar cualquier conducta que vulnere los derechos de la comunidad educativa.