Silvanna Mortera
La justicia de Yucatán absolvió a Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chica, quien durante casi tres años enfrentó un proceso penal por presunta privación legal de la libertad y despojo, cargos que organizaciones ambientales y de derechos humanos señalaron como un intento de criminalizar su labor en defensa del territorio.
La resolución fue emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, luego de que el líder social compareciera ante las autoridades judiciales para responder por acusaciones derivadas de las protestas contra una megagranja porcícola instalada en las inmediaciones de Santa María Chí.
El caso cobró relevancia nacional debido a que Nahuat Puc se convirtió en una de las voces más visibles de la oposición local a una granja señalada por habitantes de la zona por presuntos daños ambientales, contaminación del acuífero y afectaciones a la calidad de vida de la población.
Años de denuncia por contaminación
Durante años, habitantes de Santa María Chí denunciaron malos olores, proliferación de moscas y posibles afectaciones al agua subterránea derivadas de la operación de la instalación porcícola.
La preocupación de los pobladores se relaciona con la fragilidad ambiental de Yucatán, donde los mantos freáticos y cenotes constituyen una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para miles de personas. Debido a las características del suelo peninsular, cualquier contaminante puede filtrarse con facilidad hacia los acuíferos.
Las protestas de la comunidad derivaron en diversos procedimientos legales que terminaron por poner bajo revisión las operaciones de la granja y el cumplimiento de las normas ambientales. Diversas resoluciones judiciales ordenaron medidas de protección ambiental e incluso la suspensión de actividades mientras se analizaban las denuncias presentadas por la población.
Megragranja cerró tras décadas de operación
Paralelamente al proceso judicial contra Nahuat Puc, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ordenó el cierre definitivo de la megagranja porcícola tras detectar incumplimientos ambientales y aplicar multas millonarias a las empresas responsables.
De acuerdo con los reportes, más de 40 mil cerdos fueron retirados de las instalaciones durante el proceso de desmantelamiento. Sin embargo, habitantes de Santa María Chí, mantienen su exigencia de que se realicen trabajos de saneamiento ambiental, pues aseguran que continúan los problemas derivados de residuos acumulados durante décadas de operación.
Nahua Puc aseguró que no quitarán el dedo del renglón: «Estamos pendientes de lo que ocurrirá con el terreno ahora que sacaron los animales. La empresa tiene que sanear ese lugar. Pero ni los dueños de la porcícola ni Profepa nos dieron una calendarización sobre cómo se va a tratar la contaminación».
Organizaciones civiles consideraron que la absolución de Wilberth Nahuat Puc representa una victoria para los pueblos indígenas que defienden el territorio y le medio ambiente frente a proyectos considerados de alto impacto ambiental. No obstante, advirtieron que la exigencia de reparación ambiental y protección de los recursos naturales de la región continúa vigente.
Con información de pidepepagina.mx y jaltun.mx