Omar Carreón Abud
No es ninguna exageración. Al contrario. Una vez que se conozcan algunos de los nombres de huitziltecos célebres muertos a balazos en Huitzilan de Serdán en la Sierra norte de Puebla, en la zona de Zacapoaxtla, se concluirá que me he quedado corto al exponer la gravedad de la amenaza que se cierne nuevamente sobre este poblado náhuatl asolado por un feroz cacicazgo.
Fueron acribillados: Bartolomé Tadeo Arellano (primer presidente del grupo Antorcha Campesina, asesinado en 1982), Ignacio Gómez Cipriano (presidente municipal, asesinado en funciones en 1988), Francisco Luna Gobierno (expresidente municipal, asesinado en 1999), Ramírez Velázquez Gobierno (expresidente municipal, en 2004) y Manuel Hernández Pasión (presidente municipal, asesinado en funciones en 2017). La lista completa, que no hay espacio para reproducirla y hacer homenaje a muchos inolvidables luchadores sociales, llega a los 200 huitziltecos.
Conociendo estos antecedentes, ciertamente difíciles de creer para el que no haya tenido oportunidad de acercarse a la trágica historia de los más pobres de Huitzilan, se comprenderá la alerta que causó en el municipio, en los grupos del Movimiento Antorchista de la Sierra Norte y del estado de Puebla y, en general, en todo el antorchismo del país, la provocación que estuvo a punto de cuajar un grupo de funcionarios federales, de esos que el gobierno denomina “Servidores de la Nación”, el pasado 3 de junio, en la celebración de una asamblea comunitaria con motivo de la elección del comité encargado de administrar en el municipio el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Para comprender mejor los sucesos a que me refiero, es preciso recordar que el año pasado a todos los municipios del país se les aplicó un recorte al referido y ya existente FAISMUN con el propósito de constituir una bolsa con recursos para asignarlos exclusivamente a poblaciones que estuvieran incluidas en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, que fueron designadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). En consecuencia, a diez localidades del municipio serrano de Huitzilan y a la cabecera municipal (15,928 habitantes en el censo de 2020), se les asignaron 10 millones 88 mil 980 pesos; para tal efecto, la Secretaría del Bienestar Federal a través de los Servidores de la Nación convoca a una asamblea para elegir al comité ciudadano que se hará cargo de administrar los recursos referidos.
Con tal motivo, el pasado 3 de junio, los funcionarios en cuestión procedieron a citar a una asamblea ciudadana en el auditorio municipal “Máximo de la Cruz Rivera” (Don Maxi, para siempre en el recuerdo cariñoso de sus compañeros, quien también fue asesinado por pistoleros de Huitzilan en Xinachapan de Allende en 2004). Previamente, los funcionarios estuvieron realizando visitas domiciliarias seleccionadas para hablar con algunos de los 8 mil 546 ciudadanos que reciben otros apoyos y “solicitarles atentamente” su asistencia y respaldo en la reunión programada. Amenazas y presiones a los beneficiarios, así debe entenderse el operativo.
En los últimos tiempos de la tiranía de la Unión Campesina Independiente (UCI), en la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado, antes del inicio del trabajo organizativo de Antorcha Campesina, la cabecera municipal estaba aislada del mundo, los pistoleros que la controlaban habían obligado a huir al presidente municipal y la presidencia estaba abandonada y cerrada, no había autoridad, ninguna de las escuelas que entonces existían, que eran un Jardín de Niños y una primaria, funcionaba pues los directores y los maestros habían huido también. Es más, los antorchistas que entonces se atrevieron a entrar al pueblo, lo hicieron respondiendo a una súplica de auxilio por parte de varias decenas de familias con hijos pequeños que se habían refugiado en Zacapoaxtla protegiéndose de los pistoleros. Ahora, desde hace muchos años, el visitante puede entrar sin temor y quedarse sin problema alguno.
El grupo que ahora opera es el mismo de antes. Lo componen algunos sujetos que son personalmente los mismos, otros que son descendientes biológicos y otros más que son retoños políticos del mismo cacicazgo salvaje que perpetró los crímenes expuestos y continúa impune. Pero, sobre todo, y ahí radica su fuerza y su peligrosidad extrema, la banda cuenta con los mismos proveedores, financiadores y, sobre todo, protectores en las altas esferas -priístas, transmutados en morenistas-, enquistados desde hace tiempo en el gobierno del estado de Puebla.
Lo que hay. Ahora, en Huitzilan las 28 comunidades que integran el municipio cuentan con vías de acceso transitables todo el año, electrificación y agua potable y servicio de drenaje que cubre ya el 90 por ciento de la población. Hay 33 canchas de usos múltiples techadas, otra, techada para futbol rápido, un campo de futbol, un gimnasio y un auditorio municipal con capacidad para 4 mil personas. Los niños y jóvenes tienen a su disposición 25 preescolares, 25 primarias, ocho secundarias, cinco bachilleratos y una Escuela Normal. Los enfermos pueden acudir a tres clínicas, una en San Miguel del Progreso, una en Zoyotla y otra más en Totutla. En 2015 se inauguró un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), que ya atiende un promedio de mil 350 consultas al mes, incluyendo algunas que apoya con insumos el ayuntamiento antorchista y la propia organización social que paga algunos servicios profesionales que no atiende la Secretaría de Salud.
El inicio de la asamblea mencionada para elegir al comité, estaba programado a las 9 horas (desde las 8 horas comenzaron a llegar los asistentes), ello no obstante, por decisión de los funcionarios, el registro de asistencia se extendió hasta las 11:30 horas; es más, mientras que a los integrantes de Morena, que ya tenían bien identificados, les facilitaban el acceso sin obstáculos, a los miembros del Movimiento Antorchista, que también ya tenían plenamente identificados, los discriminaban, cuestionaban y les exigían identificación del INE para permitirles el acceso. Asimismo, los “Servidores de la Nación” alentaron el ingreso de personas ajenas al municipio y, luego, ignorando las justificadas protestas de los habitantes y sin aceptar que se establecieran mecanismos que garantizaran el conteo honrado de los votos, procedieron a la votación.
Cualquier persona imparcial se habría dado cuenta de que la asistencia de los antorchistas rebasaba claramene y con mucho a la de los morenistas. No obstante, cuando los “Servidores de la Nación” con ojo de águila terminaron de contar las manos alzadas (que eran alrededor de mil), declararon en voz alta que la votación favorecía por más de 200 votos al candidato morenista. La indignación mayoritaria ante la descarada maniobra, obligó a los funcionarios federales a aceptar una nueva votación, esta vez incluyendo escrutadores que aseguraran la veracidad de la votación. Mal pintaba la cosa para los morenistas.
En tal virtud sólo les quedó aplicar el dispositivo número dos, es decir, ordenaron armar desorden a sus gentes para reventar la reunión y posiblitar que Yolanda León Quintero, Delegada del Bienestar Federal, quien hasta hacía unos minutos, según decía, era defensora de la democracia participativa y el respeto a la voluntad popular, por sí y ante sí, diera por cancelada la asamblea y los funcionarios se salieron de la reunión. Ahora sin funcionarios presentes, los morenistas arremetieron contra los antorchistas. Un grupo de morenistas, preparado exprofeso para ello, procedió a gritarles e insultarlos. La provocación siguió y se esperaba una respuesta para proceder a culpar a los antorchistas e instrumentar denuncias. Apenas, pero gracias al aprecio y el respeto con el que cuentan las autoridades municipales, se logró contener la respuesta de los antorchistas quienes se mantuvieron en sus sitios mientras los morenistas se retiraban. Finalmente, la inmensa mayoría de los asistentes, que no estaban incluidos en el tenebroso plan de montar una provocación, permanecieron en orden, votaron por su candidato y resultó electo como presidente del FAISMUN Arnulfo Bonilla Huerta.
Ahora, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Huitzilan exigirá a las autoridades que reconozcan y validen los resultados de la votación. Como cualquiera puede imaginarse, los retardos, las evasivas y la vieja táctica de desesperar a los solicitantes de obras, servicios o justicia, que ahora ha heredado y ejerce diestramente Morena, no lograrán sino demostrar de manera fehaciente que el grupo de Yolanda León Quintero no tenía órdenes de consultar y obedecer la voluntad popular, sino de imponer los intereses de grupos de poder caciquil. Si, como es muy probable, se comprueba esto último y se pretende amenazar la integridad física y la vida de los antorchistas, ya se ha iniciado una intensa campaña de información en el municipio, en el estado y en todo el país y, como siempre ha sucedido, todos los antorchistas responderán en el momento necesario con movilizaciones de apoyo, como un solo hombre y un solo ideal.
P.S. El candidato que pretenden imponer los funcionarios federales en Huitzilan es Raúl Santiago Cristóbal, un miembro destacado de la Unión Campesina Independiente (UCI). De acuerdo con varios huitziltecos que lo conocen bien, estuvo involucrado en el asesinato de Francisco Luna Gobierno (expresidente municipal y fundador de Antorcha Campesina en Huitzilan). Item más. En la asamblea que organizaron los funcionarios federales estuvieron presentes varios sicarios de la UCI, entre otros, Francisco Ayance Hernández, alias Tepeth.