El informe Estructuras del Silencio 2025, presentado por ARTICLE 19, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad incómoda para el país: ejercer el periodismo en México continúa siendo una actividad de alto riesgo. Durante el año pasado fueron asesinados siete periodistas, uno más desapareció y se documentaron 451 agresiones contra la prensa, cifras que mantienen al país como uno de los lugares más peligrosos de América Latina para informar. Además la organización identifico que más de 150 de estas agresiones provinieron de autoridades públicas, es decir, de quienes deberían garantizar la libertad de expresión y no amenazarla.
El informe también advierte sobre nuevas formas de censura que ya no necesariamente recurren a la violencia física. Hoy aparecen mediante campañas de desprestigio, hostigamiento judicial, restricciones al acceso a la información, vigilancia digital y el uso faccioso de leyes que terminen castigando a periodistas, medios y ciudadanos críticos. ARTICLE 19 ha documentado un incremento sostenido del acoso judicial contra comunicadores en todo el país y advierte que los mecanismos legales comienzan a utilizarse como instrumentos para desgastar, intimidar o silenciar voces incómodas.
Puebla no es ajeno a esta realidad. Por el contrario, el propio informe ubica a la entidad como la segunda con más casos documentados de censura y agresiones contra la prensa durante 2025, sólo por debajo de la Ciudad de México. Los principales indicadores son el ambiente hostil y el abuso del poder público, dos fenómenos que deberían preocupar a cualquier sociedad democrática.
La situación resulta especialmente preocupante porque no se trata de hechos aislados. Durante el gobierno de Miguel Barbosa, ARTICLE 19, organizaciones nacionales e internacionales y colectivos de periodistas denunciaron reiteradamente campañas de hostigamiento contra medios críticos como El Popular, así como expresiones estigmatizares dirigidas a reporteros que cuestionaban al poder. Diversas organizaciones advirtieron entonces que desde el gobierno estatal se generaba un ambiente de intimidación incompatible con la libertad de prensa.
Lejos de representar una ruptura con esas prácticas, el actual gobierno de Alejandro Armenta ha protagonizado episodios que vuelven a encender las alarmas. Apenas el año pasado, ARTICLE 19 exigió al mandatario detener la estigmatización y criminalización contra el periodista Rodolfo Ruiz y su medio e-consulta, después de que utilizara una conferencia oficial para descalificar públicamente al comunicador y pedir investigaciones en su contra. La organización advirtió que el uso de la tribuna gubernamental para señalar periodistas fomenta el hostigamiento y aumenta los riesgos para quienes ejercen la labor informativa.
Morena llegó al poder prometiendo terminar con los abusos de los gobiernos que utilizaban el aparato estatal para presionar medios de comunicación. Sin embargo, los hechos muestran que, en distintos niveles y regiones del país, las prácticas de confrontación, estigmatización y descalificación hacia la prensa crítica siguen presentes. Cambiaron los nombres de los gobernantes pero persiste la tentación de convertir la crítica periodística en un enemigo político.