Diez personas asesinadas dentro de una casa. Una bebé de apenas un mes. Dos menores más. Personas presuntamente atadas antes de ser ejecutadas. Y aun así, en Puebla la violencia empieza a narrarse con una frialdad peligrosa, como si las masacres fueran parte del paisaje cotidiano. Lo ocurrido en Tehuitzingo no es solo un hecho criminal brutal; es la confirmación de una crisis de seguridad que el estado ya no puede maquillar con discursos, operativos posteriores o conferencias de prensa.
Los datos llevan tiempo advirtiéndolo. Más del 84% de los habitantes de Puebla capital se sienten inseguros; casi la mitad de los hogares ha sido víctima de algún delito; la gente evita el transporte público, los cajeros, las calles de noche. La desconfianza hacia las instituciones crece al mismo ritmo que la violencia. Y mientras eso ocurre, regiones enteras como la Mixteca poblana siguen atrapadas entre grupos armados, abandono institucional y respuestas insuficientes del Estado.
Lo más grave es la normalización.
Cada vez que una tragedia como esta ocurre, la reacción oficial parece seguir el mismo libreto: operativo, investigación, silencio y ninguna respuesta de fondo. No hay estrategia visible, no hay resultados sostenidos, no hay señales de que el problema esté contenido. Y mientras el gobierno habla de proyectos, giras y posicionamientos políticos rumbo a 2027, la realidad en muchas zonas del estado es otra: familias enteras viviendo bajo miedo permanente.
Ahí está el verdadero problema de Puebla.
No solo la violencia, sino la sensación de que nadie tiene el control.