Silvanna Mortera
La violencia ligada al crimen organizado provocó el desplazamiento forzado de al menos 15 mil 795 personas en México durante 2025, de acuerdo con el informe Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El estudio documentó 73 eventos de desplazamiento interno en 11 estados del país y señaló que el 83 por ciento de los casos estuvo relacionado con actividades de grupos criminales. Sinaloa encabezó la lista con el 39.2 por ciento de los eventos registrados, seguido de Chihuahua con 28.4 por ciento y Michoacán con 21.3 por ciento.
Durante la presentación del informe, las investigadoras Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo alertaron sobre el incremento en el uso de explosivos, drones y minas antipersona por parte de grupos delictivos, prácticas que han intensificado el impacto humanitario y dificultado el retorno seguro de comunidades enteras.
Las especialistas explicaron que muchas familias abandonan sus hogares de manera repentina para protegerse de amenazas, enfrentamientos armados y disputas territoriales entre organizaciones criminales. Además, señalaron que el fenómeno ya no solo afecta la seguridad física, sino también derechos como vivienda, salud, educación y acceso al trabajo.
El informe advierte que las nuevas dinámicas de violencia han provocado daños prolongados en las comunidades expulsoras, afectando actividades económicas, escolares y sociales. También expone que el desplazamiento interno continúa expandiéndose territorialmente en distintas regiones del país.
Durante el evento se reconoció como un avance la inclusión de preguntas sobre desplazamiento interno en la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; sin embargo, las investigadoras señalaron que aún existen importantes vacíos institucionales para atender la problemática.
Entre las principales demandas destacaron la creación de una ley general sobre desplazamiento interno, un registro nacional articulado y mecanismos efectivos de prevención, atención y reparación integral para las víctimas.
En la presentación también participaron representantes de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y defensores de derechos humanos de comunidades afectadas en Oaxaca.
Los participantes coincidieron en que el desplazamiento interno en México dejó de ser un fenómeno aislado y requiere una respuesta coordinada entre municipios, estados y federación para evitar que miles de familias continúen huyendo de la violencia sin protección ni reconocimiento oficial.