El coordinador de gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, aseguró que la mayoría de los vuelos realizados por los helicópteros oficiales tienen fines médicos, por lo que se determinó reservar la información relacionada con estos traslados para proteger datos personales.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó que más del 90 por ciento de los viajes corresponden a emergencias y atención médica, lo que justifica que no se hagan públicos los detalles de los vuelos. Esto ocurre en medio de cuestionamientos por el uso de las aeronaves, luego de la difusión de un video donde se observa al gobernador Alejandro Armenta y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a bordo de un helicóptero Augusta.
García Parra rechazó que las unidades aéreas se utilicen con fines distintos a los oficiales y afirmó que las críticas responden a una estrategia de actores políticos para desacreditar al gobierno estatal. No obstante, se señaló que desde septiembre de 2025 se dejó de hacer público el rastreo de las tres aeronaves oficiales.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta aclaró que el vuelo reciente tuvo como destino el municipio de Teotlalco, donde asistió a la celebración del Día de la Santa Cruz por invitación del arzobispo Víctor Sánchez. Reiteró que el helicóptero está disponible para tareas de seguridad y emergencias, y sostuvo que su administración no incurre en prácticas indebidas en el uso de estos recursos.
Vuelos reservados y rendición de cuentas limitada
Más allá de la justificación oficial, la información sobre los vuelos del gobernador permanecerá oculta durante los próximos cinco años. De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por el medio Serendipia, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración determinó reservar los datos relacionados con los traslados aéreos de Alejandro Armenta hasta 2031.
La dependencia argumentó que hacer pública esta información representaría un riesgo para la seguridad, al permitir identificar patrones operativos y logísticos que podrían comprometer tanto las aeronaves como a los funcionarios que las utilizan. Sin embargo, la solicitud no pedía datos en tiempo real ni información estratégica, sino un registro de viajes ya realizados: fechas, destinos, motivos, costos y acompañantes, es decir, información básica de rendición de cuentas.
Investigaciones de medios como e-consulta, Serendipia y Contramarcaras han documentado cómo el gobierno estatal ha limitado el acceso a datos sobre el uso de helicópteros oficiales. En una respuesta previa, incluso se aseguró que no existe una partida específica para registrar los gastos de estos traslados, lo que impide conocer cuánto costaron los viajes realizados por el mandatario.
Antes de que se restringiera el acceso, registros públicos consultados por estos medios evidenciaban un uso constante de las aeronaves, con decenas de vuelos en un solo mes, varios de ellos entre Puebla y la Ciudad de México. Tras la publicación de estos datos, el gobierno dejó de hacer visible el rastreo de las unidades.
A esto se suma el uso político de los helicópteros. Uno de los episodios más cuestionados fue la entrevista que el gobernador concedió al periodista Arturo Rueda a bordo de una aeronave oficial, en medio de un operativo de seguridad. El hecho no solo exhibió el uso discrecional de los recursos públicos, sino también las contradicciones en la relación entre el mandatario y el comunicador.
La reserva de esta información, lejos de abonar a la seguridad, refuerza un patrón de opacidad en el manejo de recursos públicos. La falta de transparencia sobre los vuelos del gobernador impide a la ciudadanía conocer el uso, costo y justificación de estos traslados, lo que abre un debate sobre los límites entre seguridad y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.