Silvanna Mortera
Una acusación presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA) colocó en el centro de la polémica a diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos graves.
De acuerdo con la acusación, los señalados habrían mantenido relaciones con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. En la lista figuran funcionarios en activo y exservidores públicos, como el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; así como mandos policiales y exfuncionarios de seguridad y finanzas en la entidad.
Tras darse a conocer el caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense, mismas que serán analizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) conforme a la legislación mexicana. No obstante, la cancillería señaló que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de los implicados.
En respuesta, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como un intento de vulnerar la soberanía nacional. En la misma línea, Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez negaron los señalamientos y sostuvieron que se trata de una ofensiva política sin sustento.