Repuntan crímenes de odio en Puebla

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Silvanna Mortera

En Puebla, los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTIQ+ registraron un incremento del 57 por ciento en 2025, al pasar de tres casos en 2024 a siete asesinatos documentados el año pasado, de acuerdo con organizaciones civiles.

Los datos fueron recopilados por colectivos como Vida Plena A.C. y la comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso local, quienes también reportaron al menos 10 actos de violencia en vía pública durante el mismo periodo.

Sin embargo, no existe una cifra oficial consolidada, ya que la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha emitido estadísticas precisas sobre crímenes motivados por homofobia, lesbofobia o transfobia, lo que ha generado un subregistro de casos.

De acuerdo con Onan Vázquez, presidente de Vida Plena, Puebla acumula 79 crímenes de odio desde 2009, con un impacto desproporcionado en hombres gays y personas trans, particularmente mujeres trans, quienes enfrentan múltiples formas de violencia y exclusión.

No obstante, estas cifras contrastan con los registros del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, que reporta solo un caso en la entidad durante 2025, lo que evidencia la falta de homologación en los sistemas de registro.

Además de la violencia física, colectivos alertaron sobre un incremento sostenido de discursos de odio en redes sociales, donde activistas y personas visibles de la diversidad sexual enfrentan ataques constantes, amenazas e incluso incitación a la violencia.

Vázquez advirtió que existe una relación directa entre estas agresiones digitales y los crímenes en la vida real, al señalar que el ambiente de hostilidad contribuye a normalizar la violencia.

También denunció altos niveles de impunidad en estos casos, pues aunque existen protocolos y una fiscalía especializada, esta carece de recursos suficientes y personal capacitado para investigar con perspectiva de género y derechos humanos.

Las organizaciones hicieron un llamado a fortalecer las investigaciones, visibilizar los casos y frenar la normalización de la violencia, ante el riesgo de que el problema continúe creciendo sin respuesta institucional.