Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la reforma penal sobre ciberasedio en Puebla, ocurrió algo poco habitual en la política local: una reacción mesurada desde el poder. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Pavel Gaspar Ramírez, optó por fijar una postura que, al menos en el tono, se alejó de la descalificación inmediata.
El fallo no es menor. La Corte corrigió una reforma aprobada en 2025 por la mayoría legislativa, particularmente por Morena y sus aliados, que modificó el artículo 480 del Código Penal sin el sustento técnico suficiente. La decisión se derivó de una acción de inconstitucionalidad impulsada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y respaldada por la mayoría de los ministros.
Frente a ese revés, el posicionamiento del Congreso reconoce, aunque sea de forma implícita, que la legislación no cumplía con los estándares necesarios. No es lo común. Lo habitual es cerrar filas, negar errores o confrontar a quien corrige. En este caso, hubo un matiz distinto.
Eso no elimina el fondo del problema.
La propia respuesta adelanta que el grupo mayoritario buscará una nueva figura legal para atender el ciberacoso, lo que confirma que la intención persiste. Pero también deja en evidencia lo que falló desde el inicio: la falta de rigor en el proceso legislativo.
Ese es el punto central.
Cuando se legisla desde mayorías amplias sin suficiente discusión ni cuidado técnico, el resultado suele ser ese: normas que no resisten el escrutinio constitucional. El reto ahora no es solo insistir en el tema, sino hacerlo correctamente.
Hoy ganó la libertad de expresión.