El Instituto Nacional Electoral sancionó con 9.8 millones de pesos a nueve partidos políticos en Puebla por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de 2024. La lista es amplia y transversal: PAN, PRI, Morena, PT, MC, PVEM, PSI, Nueva Alianza y Fuerza por México Puebla. En nuestras caras un patrón que atraviesa prácticamente todo el espectro partidista y que vuelve a evidenciar problemas en el manejo de recursos públicos destinados a la vida democrática… y el año que viene todos ellos llegarán a nuestras casas pidiéndonos el voto, tal vez por eso vayan haciendo su guardadito.
PAN y PRI concentran las multas más altas, pero el resto de los partidos tampoco queda exento. La reacción ha sido predecible: impugnaciones ante el Tribunal Electoral para intentar revertir las sanciones. Más que una defensa jurídica legítima, lo que deja ver este movimiento es una constante en la política mexicana: la resistencia a asumir responsabilidades cuando se trata del uso del dinero público.
Las multas se pagan, muchas veces, con prerrogativas que provienen del erario, es decir, con dinero de la ciudadanía. Así, el castigo pierde fuerza real y se convierte en un trámite más dentro de la operación política. Mientras no haya consecuencias más profundas —políticas, administrativas o incluso penales—, las irregularidades seguirán repitiéndose, con el mismo guion y los mismos protagonistas.