El reconocimiento de que unidades del transporte público en Puebla no están conectadas al C5, pese a contar con cámaras de vigilancia, confirma lo que durante años ha sido evidente para los usuarios: la modernización prometida se quedó a medias. Rutas como la 55, 45 y 6 han hecho inversiones para instalar sistemas de videovigilancia, pero la falta de vinculación con el centro de monitoreo estatal impide que estas herramientas cumplan su principal función: brindar seguridad en tiempo real durante los recorridos.
El problema no es menor. Mientras los concesionarios implementan sistemas propios —con almacenamiento limitado y monitoreo interno—, la coordinación con la autoridad sigue sin concretarse. Esto ocurre en un contexto donde los robos en transporte público siguen al alza y donde la ausencia de vigilancia efectiva deja en vulnerabilidad a miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio para trasladarse.
Frente a este escenario, la omisión institucional pesa más que cualquier discurso de modernización. Porque no se trata solo de instalar cámaras, sino de integrarlas a una estrategia de seguridad funcional. Y mientras eso no ocurra, el transporte público seguirá operando con soluciones parciales, desconectadas entre sí, y lejos de garantizar la protección que los poblanos necesitan.