Mientras el propio gobierno reconoce que el sistema de transporte público en Puebla opera con fallas graves —cámaras que no funcionan, unidades sin modernizar y un aumento constante en los robos—, la apuesta principal sigue siendo un proyecto como el cablebús, cuyo impacto real en la movilidad sería limitado. De acuerdo con estimaciones del propio análisis costo-beneficio, este sistema atendería alrededor del 2% de los viajes diarios en transporte público, una proporción mínima frente a la magnitud de la inversión: cerca de 7 mil millones de pesos.
El contraste es inevitable. En Puebla, más del 60% de los traslados diarios se realizan en transporte público convencional —microbuses, combis y rutas—, el mismo sistema que hoy presenta deficiencias estructurales en seguridad, regulación y calidad del servicio. Ahí es donde ocurren entre cuatro y cinco robos diarios, donde las cámaras no sirven y donde millones de poblanos se mueven todos los días en condiciones precarias. Es decir, el problema no es menor ni marginal: es el corazón de la movilidad en el estado.
Frente a este panorama, la decisión de destinar miles de millones a un proyecto que beneficiaría a una fracción reducida de usuarios abre una pregunta incómoda: ¿se está invirtiendo donde realmente se necesita? Porque antes de pensar en soluciones espectaculares o de alto impacto mediático, el gobierno tendría que resolver lo básico: un sistema de transporte público seguro, funcional y digno para la mayoría de los poblanos.