Por Jorge Gutiérrez
Las fuertes lluvias que azotaron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz dejaron una tragedia de grandes dimensiones, con cerca de 50 personas fallecidas y más de 60 desaparecidas, según cifras del gobierno federal, a pesar de la magnitud del desastre, las autoridades reconocen que el número total de afectados sigue siendo incuantificable, ya que varias comunidades permanecen incomunicadas y sin presencia oficial.
Desde el jueves se activaron los comités de Protección Civil y de Emergencias, además del despliegue de los planes DN-III y Marina con más de siete mil elementos, no obstante, lo que ha generado polémica es el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la entrega de apoyos a damnificados a través de la Secretaría del Bienestar, medida que será operada por los Servidores de la Nación, los mismos que en otros desastres fueron señalados por manipular los censos con tintes partidistas.
La desconfianza no es menor, pues durante la tragedia de Acapulco en 2023 se denunció que solo se censaba a simpatizantes de Morena, dejando fuera a muchas familias afectadas, hoy, las voces críticas temen que la historia se repita, ya que el nuevo censo también será casa por casa y se basará únicamente en la información recabada por estos mismos servidores, sin supervisión ciudadana ni verificación independiente.
Mientras tanto, miles de familias esperan una respuesta real y transparente, no promesas ni propaganda, los afectados necesitan reconstruir sus vidas, no ser parte de un padrón político, la emergencia exige eficiencia y empatía, no favoritismos ni exclusión, y el país observa con atención si esta vez el gobierno actuará con justicia o volverá a repartir la ayuda con sesgo partidista.