Tras el asesinato de un docente presuntamente por un alumno y su madre en el estado de Tlaxcala, se aprobó una reforma al Código Penal para sancionar con prisión y económicas a quien acuse falsamente de un delito a trabajadores de la educación sin contar con pruebas suficientes.
Dicha propuesta fue presentada el pasado 2 de octubre en el Congreso del Estado de Tlaxcala, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que emitió un dictamen favorable.
El documento fue discutido y aprobado este jueves durante la sesión ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura, los cambios se realizaron dentro del Artículo 216 BIS, el cual establece un aumento en las penas cuando la persona denunciada sea servidora pública o trabajadora de la educación y, como consecuencia de la denuncia, sea suspendida o separada de su cargo.
Esta medida busca proteger los derechos laborales y la presunción de inocencia de quienes desempeñan funciones públicas o educativas, asegurando que no se vean perjudicados de manera anticipada ante acusaciones que aún no han sido comprobadas.
Además, la reforma contempla penas más severas para quienes asesinen o causen lesiones a trabajadores de la educación durante el ejercicio de sus funciones, como penas de seis meses a dos años de prisión y multas de 11 mil 314 a 33 mil 942 pesos .