Por Jorge Gutiérrez
La llamada Ley Anti-Stickers, impulsada por el diputado de Morena Armando Corona Arvizu, ha desatado una fuerte polémica en México, ya que la iniciativa propone castigar con penas de tres a seis años de prisión a quienes creen o difundan memes, stickers, gifs o deepfakes que dañen la reputación o dignidad de una persona.
La propuesta busca reformar el Código Penal Federal con la adición de los artículos 211 Bis 8 y 9, con el objetivo de sancionar a quienes utilicen herramientas digitales o inteligencia artificial para manipular imágenes o videos sin el consentimiento de la persona afectada, entre los fines que contempla la ley están ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la reputación de alguien.
De aprobarse, esta reforma alcanzaría desde memes o stickers compartidos en redes sociales o WhatsApp, hasta deepfakes y videos virales que tengan como objetivo burlarse o desprestigiar a una persona.
Sin embargo, el planteamiento ha generado amplias críticas de especialistas, periodistas y usuarios, quienes advierten que su redacción podría abrir la puerta a la censura y persecución política, afectando la sátira, el humor y la crítica pública, algunos señalan que caricaturistas, comediantes o simples usuarios podrían ser denunciados si un político considera que se ha vulnerado su imagen.
El debate sigue abierto, ya que para algunos, la ley representa un paso necesario para combatir el ciberacoso y la manipulación digital, mientras que para otros, se trata de un intento de limitar la libertad de expresión en internet, lo cierto es que la propuesta ya ha encendido una discusión nacional sobre los límites entre la protección en línea y la censura política.