Por Silvanna Mortera
Diversas organizaciones judías y colectivos de víctimas han denunciado que Israel se ha convertido en un refugio para abusadores sexuales, pederastas y prófugos de la justicia internacional, quienes se benefician de la Ley del Retorno —que otorga nacionalidad automática a cualquier persona de origen judío— y de redes de protección institucional que obstaculizan los procesos de extradición.
De acuerdo con activistas, estas políticas han permitido que personajes acusados de violación, abuso sexual infantil, corrupción y otros delitos graves encuentren protección en territorio israelí, donde las autoridades retrasan o bloquean los procesos judiciales en su contra.
Entre los casos más notorios figuran:
- Andrés Roemer, exdiplomático mexicano, con más de 60 denuncias por violación, abuso y acoso sexual. Aunque la Fiscalía mexicana solicitó su extradición, ésta sigue retrasada.
- Tom Artiom, exdirector de defensa cibernética de Israel, acusado de intento de abuso sexual a un menor en Estados Unidos; tras ser liberado, regresó a Israel.
- Malka Leifer, exdirectora escolar en Australia, con 74 cargos de abuso sexual infantil, protegida durante años en Israel antes de enfrentar un juicio.
- Bryan Singer y Brett Ratner, directores de cine de Hollywood (X-Men), señalados por múltiples acusaciones de abuso sexual y agresión.
- Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en México, acusado de tortura y corrupción en el caso Ayotzinapa, actualmente protegido en Israel.
Las denuncias apuntan también a altos funcionarios israelíes como Benjamin Netanyahu (ex primer ministro), Yariv Levin (ministro de Justicia) y Yaakov Litzman (exministro de Salud), quienes habrían retrasado extradiciones, ejercido presión política o encubierto a acusados.
Colectivos denuncian que esta situación no sólo garantiza impunidad a agresores sexuales y corruptos, sino que también revictimiza a quienes han denunciado, al ver frustrados sus intentos de justicia.
La polémica ha generado llamados internacionales para que Israel revise sus leyes de refugio y extradición, y para que deje de ser, en palabras de activistas, “un santuario para criminales sexuales y políticos corruptos”.