Las autoridades federales, estatales y municipales que no cumplan con la integración de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP) podrán recibir sanciones que van de 10 mil a 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a cerca de 2.2 millones de pesos.
De acuerdo con la reciente reforma a la Ley General de Población, esta medida busca garantizar la colaboración de todos los niveles de gobierno en la actualización del principal documento de identidad oficial del país.
Según el dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias públicas tendrán un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para habilitar mecanismos que permitan consultar, transferir y validar la información requerida.
Entre los datos que deberán integrarse a la CURP se encuentran:
- Huellas dactilares
- Fotografía
- Nombre completo
- Fecha y lugar de nacimiento
- Género
- Nacionalidad, entre otros.
Además de su uso en trámites presenciales, se prevé que la nueva CURP también sirva para validar identidades en plataformas digitales, tanto públicas como privadas, con el objetivo de reducir casos de suplantación o falsificación de identidad.