Por Adrián Salazar
En este año, el Gobierno Federal que encabeza la morenista Claudia Sheinbaum Pardo dispondrá de poco más de 9 billones de pesos para atender las necesidades del pueblo mexicano en los diferentes rubros, sin embargo, el 80% de ese dinero está comprometido en el gasto programable (rubros como pensiones, costo de la deuda y participaciones a estados y municipios, así como por el gasto en empresas del Estado y organismos) y el resto a gasto no programable (deuda externa, participaciones y adeudos de ejercicios fiscales anteriores), impidiendo flexibilidad para implementar políticas públicas que generen desarrollo y crecimiento, por el contrario, hay recortes a rubros importantes como salud, medio ambiente, cultura, educación, seguridad, entre otros.
Para esta administración, que “construirá el segundo piso” del morenismo, fue preferible hacer un importante recorte al gasto que impactará directa y negativamente en las condiciones materiales en que se desarrolla el pueblo mexicano puesto que, lejos de ayudar a menguar sus carencias, estas se van a agudizar.
Tomemos de ejemplo el rubro de la salud: el dinero destinado tuvo una caída de 11%, apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB, su menor nivel desde el 2019), es decir, no llega ni la mitad de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es una tasa de 6%. A esto se suma el recorte de 14% en la inversión tanto física como financiera; en seguridad pública de 42%; en gasto federalizado de 1.2%; en educación 1.2%; medio ambiente con 39.4%.
Como podemos ver, la prioridad de este Gobierno Federal en manos de Morena no es generar bienestar ni atender las desigualdades sociales que existen y están muy marcadas, por el contrario, la carga tributaria no sólo aumenta sobre el ya lacerado pueblo trabajador, sino que ahora se le darán menos que migajas ante la negativa de este gobierno para implementar una reforma fiscal progresiva (es decir, que paguen más impuestos quienes tienen más dinero) y así poder incrementar los ingresos públicos.
Apenas va iniciando la gestión de Claudia Sheinbaum y no se alcanza a vislumbrar que vaya a cumplir con su obligación de maximizar de manera progresiva y sin discriminación el beneficio de los recursos disponibles en aras del beneficio de la clase trabajadora para que esta pueda alcanzar mejores servicios públicos, es decir, por la vía del hecho se seguirán violentando sus derechos humanos.
Sin duda alguna, el verdadero rostro de cualquier gobernante puede descubrirse, a pesar de sus discursos demagógicos, de forma racional y concreta al analizar por la vía del hecho a quién le cobra más impuestos y el cómo y a quién le regresa ese dinero en forma de bienes y servicios públicos, esa es una prueba ineludible y profunda para poner de relieve el verdadero carácter y compromiso de un gobierno, lo cual amplía o estrecha la brecha de desigualdad para acceder a una vida digna.
Estos recortes presupuestales, disfrazados de “austeridad republicana”, son consecuencia de un gobierno verdaderamente comprometido con la clase trabajadora para desarrollar una reforma fiscal progresiva, de no hacerlo así, los recortes cada vez serán mayores, agravando problemas como la atención a salud, servicios básicos, educación, violencia de género, medio ambiente y cultura, entre otros más.
