El portal Sputnik, en su plataforma Telegram, revela que “el costo total a consecuencia de la inseguridad en México representó un monto de 282 mil millones de pesos (mdp), que se traduce en el 1.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”. Estas cifras provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVPSP), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); y su promedio por persona equivale a seis mil 853 pesos (unos 352 dólares).
Esos datos ofrecen una idea aproximada de la magnitud de las pérdidas materiales que tienen los mexicanos cuando son asaltados en las calles, robados en sus casas o extorsionados en sus negocios. Este punto de vista, desde luego, no está considerando el dolor de sus familiares ni el efecto psicológico permanente causado porque les apunten a la cabeza con una pistola o que los golpeen brutalmente; que les roben sus pertenencias o el auto, o que les rompan los parabrisas.
Muchos mexicanos, en efecto, no se sienten seguros cuando salen a las calles. Con base en información oficial pero sistematizada por sus expertos, la empresa de análisis ORDISE Consultores advierte que, en 2023, el Inegi estimó que en al menos uno de los integrantes de 10.6 millones de familias (27.5 por ciento del total) fue víctima de un delito. El número de las víctimas de 18 años y más se calculó en 21.9 millones, cifra equivalente a 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva), de éstos, 22 mil 903 fueron mujeres y 23 mil 817 hombres.
En 2022, la tasa de prevalencia delictiva disminuyó en cuatro estados; aumentó en siete y no registró cambios en 21. Las tasas más altas se produjeron en el Estado de México (Edomex) (32 mil 971); Aguascalientes (32 mil798) y Ciudad de México (32 mil 497). Las más bajas se produjeron en Oaxaca (13 mil 274), Chiapas (14 mil 139) y Michoacán (14 mil 993). El número de delitos fue de 31.3 millones y la tasa de 33 mil 267 delitos por cada 100 mil habitantes, con un promedio de 1.4 delitos por víctima, tasa mayor a la del año anterior.
El delito más frecuente fue el fraude, con seis mil 962 casos. Siguieron robo o asalto en calle o transporte público, con seis mil 526; y extorsión, con cinco mil 213. Las víctimas de robo de vehículo perdieron 31 mil 481 pesos en promedio. Las personas defraudadas perdieron ocho mil 200 pesos en promedio. Del total de delitos ocurridos, el 92.9 por ciento no se investigó. En 2024, el 60.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como su problema más grave. Siguieron la escasez de agua, con 36.8 por ciento y el aumento de precios, con 34.4 por ciento. Las actividades cotidianas infrecuentes fueron: dejar que los menores de edad salieran solos a las calles (61.4 por ciento) y que los adultos salieran en la noche (45.9 por ciento).
Esta numeralia de la casa ORDISE, basada en encuestas del Inegi, revela claramente que no sólo hay una percepción de mayor inseguridad, sino que en México se vive un ambiente de “toque de queda autoimpuesto” por buena parte de la población nacional; y que el crecimiento del problema de la inseguridad pública es el resultado de la política morenista de “abrazos, no balazos”.
Una nota informativa publicada por el diario El Sol de Toluca el pasado 22 de septiembre reportó que “el 87 por ciento de la población del Edomex se sintió insegura. La principal preocupación para los mexiquenses fue la inseguridad y la escasez de agua”. Este porcentaje colocó a la entidad en la cuarta posición nacional respecto a este problema, sólo precedida por los estados de Morelos, donde la percepción de inseguridad corresponde a 90.1 por ciento; Guanajuato, con 87.5; y Zacatecas, con 87.4. Al Edomex le siguieron Tabasco, con 84.8; y Guerrero, con 81.0 por ciento.
Un gobierno que realmente se preocupa por su comunidad, garantiza a sus gobernados seguridad y tranquilidad sobre la base de acciones concretas en sus áreas de vigilancia policial. Un ejemplo de eficiencia en este rubro lo ofrece la ciudad china Shenzhen donde, desde hace nueve años, no se cometen delitos a transeúntes, en casas habitación y en transportes públicos. La sensación de seguridad es completa, la gente puede salir a las calles sin ningún problema, dejar sus cosas en una mesa de restaurante y regresar sabiendo que ahí estarán. No existe la mínima percepción de riesgo.
A estos niveles de seguridad debemos aspirar los mexicanos. Pero para lograrlo es necesaria una nueva forma de gobernar al país y que asuman un rol más dinámico; que se eduquen y organicen para formar una fuerza social capaz de tomar el poder político y gobernar. Con un gobierno nuevo, regenteado y vigilado puntualmente por el pueblo, las acciones de seguridad se facilitarían, ya que pueden instrumentarse medidas basadas en la tecnología moderna, en la inteligencia artificial, para prevenir el delito en las calles, las comunidades y las escuelas, con la participación de los ciudadanos. La policía debe modernizarse y cambiar de valores para ya no ser percibida como corrupta, ignorante e ineficiente.
Además de las pérdidas económicas derivadas de la inseguridad –uno de los resultados de la descomposición de la sociedad capitalista en su fase neoliberal, aunque los morenistas declaren su inexistencia–, los mexicanos están sometidos a las presiones de un modelo consumista que los estimula a tener más, a consumir más y, por tal motivo, a no buscar alternativas por el camino del “bien”, sino por el camino del “mal”. Es por eso que debemos cambiar el modelo económico de raíz y, con éste, la superestructura, con lo que logrará cerrarse un círculo virtuoso y la gente tendrá recursos para vivir modestamente bien, sin necesidad de delinquir. Por lo pronto, Morena reprobó también en materia de seguridad; y debemos insistir en que el pueblo mexicano tome el poder en sus manos para alcanzar el cambio profundo que nos falta.
