Por Ignacio Mejía López
“Una autoridad que se funda en el terror, en la violencia,
en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia”
Plutarco
Hace tres años fui testigo presencial de un brutal e inhumano acto de desalojo en la ciudad de Culiacán; la orden estaba dada y casi nada podía hacerse que no fuera ayudarles a sacar sus cosas y denunciar la situación. “Usted no puede estar aquí. Esto es propiedad privada”, fueron las palabras del abogado de la empresa inmobiliaria, mientras documentaba la fase final de tan lamentable proceso, que terminaba con las máquinas destrozando casas de madera y lámina, entre llantos y lamentos.
Las familias desalojadas hacían uso de un fraccionamiento deshabitado. En Culiacán, como en todo el mundo, también se manifiesta la gran contradicción inmobiliaria: según el Censo de Población y Vivienda 2020, en la ciudad existían 221 mil 144 viviendas, de las cuales se encontraban ocupadas sólo 176 mil 799, es decir, había 44 mil 345 viviendas abandonadas. “Es indecente, gente sin casas, casas sin gente”, cantaría la española Silvia Pérez Cruz.
Organizaciones sociales han venido solicitando a las autoridades facultadas para ello, de manera legal y pacífica, que se les dé una salida viable a las familias precaristas, regularizando el lote y/o la vivienda, pero, sobre todo, plantee un proyecto de vivienda popular que cierre toda posibilidad de invadir por las causas señaladas y caer en las garras de quienes lucran política y económicamente con su necesidad, y así se hagan de un patrimonio por el camino que marque la ley, ya que la demanda es altísima.
La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) estimaba el año pasado que en Sinaloa había un déficit de 176 mil viviendas de interés social; este año han declarado que va en aumento. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra un déficit de 430 mil, aunque expertos de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) sostienen que ya rebasó el medio millón.
Y no es para menos, pues según los datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el promedio del costo de las viviendas en Sinaloa en un año se incrementó en 16 por ciento en promedio al segundo trimestre del 2023, el cual ronda el millón y medio. El Infonavit, en su Plan Estratégico y Financiero 2023-2027, dice que esto se debe principalmente a que, dados los mayores costos de insumos, los desarrolladores disminuyeron la oferta de vivienda económica.
Se agregan además los bajos salarios. El Inegi señala que un 56 por ciento son sinaloenses que no pueden alcanzar un salario digno para adquirir una vivienda. En Sinaloa, los bajos salarios son una realidad que afecta a miles de familias, sobre todo porque los sueldos no se incrementan al mismo ritmo que los productos de la canasta básica o de servicios. Un millón 439 mil 374 sinaloenses –según el Inegi– trabaja seis días a la semana para sustentar el hogar, y aun así no le alcanza para vivir dignamente. Adquirir una propiedad se vuelve entonces una misión imposible.
Después de incontables protestas en favor de la vivienda popular, hace un año el gobierno del estado que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) lanzó el programa “Ahorro Previo”, que consiste en que personas sin vivienda puedan adquirir lotes con servicios progresivos en el estado. Como lo dijimos desde su creación, este programa no termina de convencer a la gente porque no responde el dónde, cuánto, cómo y cuándo. “O ahorro o le doy de comer a mi familia”, claman quejosos miles de precaristas.
A principios de septiembre se puso de relieve nuevamente el tema de las invasiones, poniendo acento sobre todo en el delito que implica invadir predios, tanto públicos como privados. “Precaristas infringen la ley y las autoridades lo permiten”, se lee en la portada del periódico El Debate del pasado seis de septiembre, haciendo alusión a una invasión en un predio que se encuentra por la carretera Los Mochis-Culiacán a la altura del bulevar Fuerza Aérea Mexicana y Canal 7, que conduce al Aeropuerto Internacional de Culiacán.
Entre cuestionamientos y denuncias, la noticia llegó a la semanera del gobernador el nueve de septiembre. Al ser cuestionado por una periodista del diario sobre las denuncias que los precaristas siguen haciendo en torno a la falta de atención al problema de la vivienda, el mandatario respondió: “no hay más invasiones que las que nos dejaron los gobiernos anteriores. Hemos resuelto no sólo el problema de entregar terrenos, aquí, en Mazatlán, en Guasave, con un mecanismo que tiene Sebides, sino, sobre todo, el problema de la certeza jurídica”. Sin embargo, el pleno cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada está lejos de ser alcanzado a mitad de su sexenio.
La situación es aún más grave, pues a la falta de trabajo y los bajos salarios se suma la violencia, que ocasiona desplazamiento forzado y, por tanto, aumenta el número de sinaloenses sin vivienda. Este problema resurgía el mismo lunes, con la capital bajo fuego; pero el gobernador minimizó los hechos asegurando que en Culiacán prevalecía la tranquilidad. Llevamos 11 días y contando, viviendo en la zozobra; los negocios cerrados ocasionando pérdidas millonarias, los estudiantes sin clases presenciales, añadiendo la desconfianza y molestia con las autoridades por declaraciones como la del comandante del Ejército, que dijo que la seguridad de los sinaloenses depende de los grupos antagónicos.
La población siempre ha sido víctima del fracaso de las políticas de seguridad de los gobiernos, desde la década de los 70, con la llamada “Operación Cóndor”, hasta la estrategia de “Abrazos, no balazos”. Desde que el expresidente Felipe Calderón emprendió la llamada “guerra contra el narcotráfico”, según especialistas del tema, “los narcotraficantes y otros grupos criminales han sido los responsables de miles de muertes de civiles, secuestros, amenazas y extorsiones, entre otros delitos que han aterrorizado a las poblaciones locales y que las han forzado a la migración”, lo que ha generado que miles de familias se desplacen de sus comunidades de origen. Hasta el 2023, Sebides informaba que “en los últimos años, en Sinaloa el desplazamiento forzado interno se ha recrudecido, actualmente hay más de tres mil 300 personas víctimas de este desplazamiento, pero el dato es poco preciso”. La misma Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dice que “no existe un registro oficial de las personas desplazadas internamente en México, ni un diagnóstico que permita dimensionar y caracterizar la situación de forma integral”.
No hay duda de que la violencia ha sido el azote de todos los mexicanos, y a pesar de las “intenciones” de López Obrador llamando a los criminales a que se porten bien, la realidad tiene otros datos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) entre el 1º de diciembre de 2018 hasta agosto de 2024, en México 196 mil 505 personas fueron víctimas de homicidio. Si a ese delito se suman los cinco mil 227 feminicidios, la cifra llega a las 201 mil 772 muertes violentas, sin contar el mes en curso.
En Sinaloa, el Presidente ha minimizado lo sucedido culpando a Estados Unidos de generar el clima de violencia; a los medios de sensacionalismo para inducir miedo a la población, y a sus adversarios políticos por crear una campaña que intenta desprestigiarlo. Pero sólo los sinaloenses saben cómo se vive día y noche en una zona de guerra que ya rebasó los 70 muertos en 15 días.
Por toda esta situación, amable lector, ha venido aumentando la inconformidad en un pueblo que había vuelto a dar su confianza al partido gobernante, pues está mirando que, frente a esta crisis, aquellos que fueron a buscarlos para el voto prácticamente están desaparecidos. “¿Y el Rrrrocha?”, preguntan en las redes sociales mofándose de la incompetencia de las autoridades.
Está más que claro que la seguridad y el bienestar, sólo son eslóganes publicitarios para arribar al poder, pero ya conseguido éste, lo usan para sus fines mezquinos. Ante esta situación, a los sinaloenses, como a todos los mexicanos, no nos queda más que la unidad, la organización y la lucha, para construir una fuerza auténticamente popular que sepa velar por los derechos de los ciudadanos, pacífica pero enérgicamente.
