A principios de este sexenio varios organismos, especialistas y académicos alzaron la voz ante el discurso público de agresión verbal y odio que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacía desde la más alta tribuna, hoy, valiéndose de ello, con una consulta a mano alzada y a su puro estilo, durante su último informe de gobierno, que congregó a sus aliados y empleados, pretende sumar otras atribuciones a la Presidencia de la República y al control ya ejercido sobre el Poder Legislativo.
México se encuentra en la recta final para la posible aprobación de la Reforma al Poder Judicial, y la decisión crucial está en manos de 43 senadores de la oposición, quienes tienen la capacidad de derrumbar la reforma con su voto. Sin embargo, la oposición ha manifestado públicamente las presiones, amenazas e intentos de negociación que están recibiendo por parte de la bancada oficialista de Morena.
Los 43 senadores han asegurado que votarán en contra de la reforma, aunque los rumores sobre las crecientes presiones internas ponen en duda el fallo final.
De acuerdo con organizaciones civiles especializadas, académicos y juzgadores, falso es que la Reforma al Poder Judicial vaya a superar las fallas prevalecientes en él, pues no enmendará las fallas estructurales y tampoco se enfoca en mejorar el trabajo de las fiscalías o ministerios públicos del país, donde se presentan las mayores fallas. Por el contrario arriesga las libertades y derechos humanos de los ciudadanos.
