Desde hace bastante tiempo usuarios de las diferentes carreteras y autopistas en el estado, principalmente las que conectan Puebla con la Ciudad de México y Veracruz, han denunciado retenes falsos, ponchallantas y hasta pedradas que tienen el objetivo de detener a camiones de carga y automóviles particulares para, con lujo de violencia, despojarlos de mercancías y pertenencias.
La noche de este martes se dio a conocer el caso de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Blanca Alcalá, quien junto a su chofer sufrió un secuestro exprés y robo a la altura de Río Frío cuando viajaba en dirección a Puebla; sin embargo, también se dio a conocer el caso de Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas, quien a plena luz del día fue despojada de su automóvil cuando viajaba con su hijo sobre autopista Puebla-Orizaba con rumbo a la CDMX.
Estas denuncias abonan a las múltiples hechas por las personas de a pie, sin cargo político ni reconocimiento social. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta 2023 se contabilizaron 13 mil 848 denuncias por robos sólo en la México-Puebla, sin embargo, las medidas tomadas por los gobiernos de ambos estados han sido nulas.
Y ¿Quiénes son los más afectados? Aquellos que por necesidad, por trabajo y hasta por salud deben recorrer esos tramos. En tanto, la seguridad y la Guardia Nacional brillan por su ausencia.
