El martes 6 de agosto, a las 7:00 de la mañana, un grupo de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan bloqueó casi totalmente el acceso hacia la Ciudad de México. Esto implicó casi un alto total en el tránsito de personas y mercancías hacia la capital del país.
Los ejidatarios, exigiendo al gobierno federal un pago justo por la venta de sus tierras hace varias décadas, bloquearon ambos sentidos de la autopista México – Puebla, la carretera federal México – Puebla, la carretera Tlaxco – Tejocotal y el Arco Norte. Dos días después, el jueves 8 de agosto, a las 11:00 de la mañana, como parte de un acuerdo, los ejidatarios abrieron el tránsito: dos horas sí y dos horas no. ¿Y hizo el gobierno federal? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les gritó: “se pueden quedar ahí el tiempo que quieran”, porque “no van a ceder a chantajes” y “quieren abusar”. El sábado 10 de agosto, a las 3:00 de la mañana, en una mesa de diálogo en la Segob de Puebla acordaron liberar todas las carreteras. Ahora, falta ver que les cumplan, como han pedido desde hace 60 años. ¿Pero qué pasó realmente? ¿En “una mesa de diálogo”, los ejidatarios volvieron a creerle al gobierno y entusiasmados dieron la orden de liberar las carreteras? ¿Los ejidatarios, ante la nueva promesa de pagos, lanzaron porras a AMLO y le ordenaron a sus seguidores el cese ipso facto de la protesta? No, claro que no.
Lo real es que el bloqueo carretero de los ejidatarios encolerizó, fundamentalmente, al sector empresarial de México: a los grandes millonarios del país y quizá a varios del extranjero que vieron sus intereses comerciales afectados. Y así comenzaron los periodicazos, así como los ataques en la radio, la televisión y las redes sociales. “Bloqueo en la carretera México – Puebla deja a IP pérdidas por 10 mil mdp”, titulaba El Financiero el viernes 9 de agosto. “Pérdidas millonarias por el bloqueo; abren carriles parcialmente”, fue el título de la portada de Milenio el 9 de agosto. Y ya en interiores, insistía: “Cerca de 4 mil mdp se pierden por cada día de manifestación”. En una nota marcada con letras grandotas, el mismo Milenio le advertía a los ejidatarios, por órdenes del gobierno: “Delitos. Daños materiales, perjuicios hacia particulares, empresarios y transportistas, son arte de las acciones con apariencia de delito. Gilberto Higuera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó que se recibió una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por los cierres carreteros”. El diario Reforma fue más directo en su portada y la tituló: “Cierran carretera México – Puebla y Acro Norte por 72 horas. Ignora Gobierno ley en carreteras”. Y en el texto, dice colérico el periódico: “Una añeja demanda de campesinos ha sido el pretexto para cerrar por más de tres días la carretera México – Puebla. La Constitución de la República y leyes que de ella emanan, que juraron cumplir los gobernantes, han sido letra muerta en este conflicto. (…) La ley de Vías Generales de Comunicación, que fue reformada en 2021 para castigar la toma de vialidades y casetas, prevé de tres meses a siete años de prisión a quien interrumpa el tránsito vehicular y la operación del servicio de transporte”. Pero Reforma quiere asegurarles a los ejidatarios que los pueden meter a la cárcel y dice en su portada: “Código Penal Federal. Artículo 167. Uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días de multa: III.- Al que, para detener los vehículos en un camino público, ponga algún estorbo en la vía pública”, como se hizo en el bloqueo. “El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacen un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que, de manera urgente, se aplique el Estado de Derecho [es decir, se use la fuerza pública, aclaro yo] y se libere la autopista México – Puebla y el Arco Norte, cuyo bloqueo mantiene a alrededor de 130 mil unidades detenidas”. En resumen: los empresarios se quejan y el gobierno aplica “la ley”.
Reforma, que toma partido por los empresarios, en su página 5 tituló una nota así: “Ascienden pérdidas a 131 mil millones”. Y dice en el texto: “La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que las pérdidas económicas luego del bloqueo de más de 40 horas (…) sumaban 131 mil millones de pesos. Este monto se explica porque no sólo se contabilizan los equipos detenidos, sino también a los que no pueden salir de las empresas”.
Tras el ataque del sector empresarial, el gobierno también se lanzó contra los ejidatarios. Reforma del 9 de agosto tituló una nota: “Quieren abusar, advierte AMLO”. En el texto, se transcribe lo dicho por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de un día anterior. Copio algunas frases: “No vamos a ceder a chantajes”. “No podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar”. Se quejó de que los ejidatarios “¡quieren más (dinero)!”. Y le preguntan: “¿Cuánto más?” Y el responde: “No sé exactamente, pero están queriendo abusar”. Es decir, el presidente “de los pobres” no sabe responder con una cifra al reportero y, a pesar de eso, acusa a los ejidatarios de ser unos codiciosos, que “tienen un afán excesivo de riquezas”. O sea, descalifica la protesta sin siquiera analizarla. Así como siempre le hace: descalificar porque le están protestando a él y a su gobierno, que no han querido pagarles.
No podemos negar que el bloqueo afectó a decenas de miles de ciudadanos que se quedaron atorados por dos días en la carretera y a miles de comerciantes que llevaban sus productos. Los ejidatarios paralizaron una parte del país. Y todos los empresarios, el gobierno federal y los “intelectuales” de la prensa se lanzaron contra ellos en una dura guerra mediática.
Pero ¿qué es lo que piden los ejidatarios? Se trata de dos problemas: la construcción de la autopista y la creación del Parque Nacional Izta Popo. En 1958, el gobierno expropió 36 hectáreas del ejido Santa Rita Tlahuapan para la construcción de la autopista México – Puebla. A los dueños solo les pagaron 2 millones de pesos. Tras una dura lucha de muchas décadas, el 26 de julio de 2018 (con el gobierno de Peña Nieto) se les pagó la cantidad 176 millones de pesos. Pero era tan poco, según dicen los ejidatarios, que no alcanzó. Ahora, pues, piden un pago justo por las tierras expropiadas. Pidiendo ese pago ante el gobierno llevan 66 años. Sí, leyó usted bien, ¡66 años pidiendo el pago de sus tierras! Y nadie les hizo caso.
Por eso bloquearon la carretera, para ver si así las autoridades “se acuerdan” de que tienen una deuda con ellos. Y pienso: tras 66 años de ser ignorados, tres días bloqueando la carretera es poco, ¿no es así? Algunos dirán que es mucho y que no se midieron. Yo pienso que solo así el gobierno se sentó a negociar con ellos. El gobierno es necio y responde fielmente a los intereses de clase de los empresarios, por eso obligan a la gente a la lucha callejera para que se cumplan sus demandas. Ojalá que les paguen lo justo. Y, si no, que busquen entre los pobres a sus aliados y vuelvan a luchar y a tomar carreteras. No les queda de otra.
