Por Adrián Salazar
Si bien es cierto que por estas fechas culminan cada año los ciclos escolares, y que hay miles y miles de jóvenes que se gradúan, y que, regularmente, en cada ceremonia de graduación hay algún joven previamente seleccionado para dirigir “unas palabras” de despedida a sus compañeros, al igual que lo hacen los padrinos de la generación respectiva, el discurso no siempre es el que necesitan o deberían escuchar.
Muchas veces en esos discursos se habla del esfuerzo personal realizado hasta entonces para llegar a esa etapa de su vida académica, del apoyo de los padres, del trabajo de los docentes, de su futuro, sus sueños y éxitos por alcanzar; se les dice que, quienes, deseen, pueden continuar con sus estudios académicos y quienes no, pueden incorporarse al mercado laboral. ¿En verdad eso depende única y exclusivamente de una decisión personal?
No hace mucho, a inicios del ciclo escolar que hoy termina, aproximadamente, a través de las redes sociales se viralizó un ‘trend’ en el que los jóvenes evidenciaban que los estudiantes de estudios universitarios que se incorporan al mercado laboral no siempre tienen la oportunidad de desempeñarse en su campo. El 49.7% universitarios egresados ingresa al mercado con un empleo que no se vincula con la carrera que cursaron y se prevee que para el siguiente año esa cifra haya crecido en al menos nueve puntos; conforme se avanza en la trayectoria laboral, la proporción se reduce a 39.7% (Encuesta Nacional de Egresados (ENE) del Centro de Opinión Pública de la UVM).
Otros organsmos más también aportan sus datos. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), señala que la tasa de informalidad entre las personas de 15 y 24 años es de 67 por ciento. Aunque la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que la participación laboral de los graduados en México ha mostrado una mejoría desde el 2010 y que tiene una de las tasas de empleo más bajas entre personas con educación universitaria, también señala que las cifras de empleo entre personas con educación primaria es de las más altas entre los países que integran la OCDE.
En el informe “Educación superior en México: Resultados y relevancia para el mercado laboral” explica que la proporción de los jóvenes que están empleados de manera informal se elevó de 25.8% en 2010 a 26.2% en 2017, mientras que la sobrecalificación, es decir, el empleo en ocupaciones que no requiere un nivel de educación superior, aumentó de 44.3% a 45.7%. Es decir, el título universitario no garantiza un buen empleo en el mercado laboral.
A esto se suma otro aspecto no menos importante: la falta de inversión en la educación. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la administración de Andrés Manuel López Obrador, al frente del Gobierno Federal, “quedó a deber en materia educativa, específicamente en términos de distribución de presupuesto y en las escuelas mexicanas de educación básica, media superior y superior”.
En palabras de la coordinadora de educación y finanzas públicas del CIEP, Alejandra Llanos Guerrero, dijo que para este 2024 se destinó un 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, cuando el mínimo recomendado por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales es de un 4%. Incluso instituciones como el Banco Mundial recomiendan que se debe destinar cerca del 8% del PIB a la educación, cosa en nuestro país no ha sucedido, por el contrario, en este sexenio decreció la inversión.
Suma y sigue. El Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) informó que, al terminar la gestión de AMLO, en el país habrá 27 millones 158 mil personas de 15 años o más en condición de rezago educativo, es decir, que no saben leer, escribir ni hacer cuentas o que no han concluido la educación básica; en 2018 había 23.5 millones.
Esto se puede entender porque, tanto el Gobierno Federal como la Secretaría de Educación Pública (SEP) han sido incapaces de implementar políticas adecuadas para combatir la crisis educativa, por el contrario, sus acciones la han deteriorado cada vez más: se han eliminado programas como las Escuelas de Tiempo Completo, las estancias infantiles, y las cifras de la deserción y el rezago educativo aumentaron considerablemente tras la pandemia.
Entonces, ¿qué se le debiera decir a los jóvenes? Que el actual modelo económico no está enfocado en el bienestar social, por tanto, las políticas estructurales están diseñadas para sustraer la fuerza de trabajo y que los dueños de los medios de producción continúen enriqueciéndose y, por tanto, lo que hace falta es la construcción de una patria más justa y equitativa para todos.
Hace falta implementar un proyecto político que, en primer lugar, garantice un sistema educativo de calidad, que no se enfoque en engrosar las filas de la mano de obra calificada, sino en brindar una educación verdaderamente crítica, científica y popular capaz de formar profesionistas que pongan su conocimiento y capacidades al servicio de la clase trabajadora para ayudarla a mejorar sus condiciones de vida.
Y segundo, que dicho proyecto político también se ocupe en crear las fuentes de empleo necesarias para la Población Económicamente Activa (PEA), además de garantizar salarios bien remunerados para que esta pueda vivir dignamente, atendiendo sus necesidades como vivienda, medicina, educación, entre otras, y vivir con decoro sin la necesidad de tener que depender de limosnas gubernamentales.
Nada de esto se dice en los grandes foros, sin embargo, la realidad no puede taparse con un dedo. Urge una nueva política que contemple los problemas estructurales para salir del atraso en el que se encuentra sumido el país y que garantice el cumplimiento del derecho a la educación y al trabajo de todos los mexicanos.
