En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, que ha provocado un éxodo sin precedentes de ciudadanos hacia el exterior, el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas para revertir la situación.
La crisis económica, se debe al endurecimiento del embargo estadounidense en los últimos años, el efecto de la pandemia de covid en el turismo y la ola inflacionaria que ha afectado al mundo.
Las medidas tomadas por el gobierno cubano pretenden ajustar el presupuesto público “a las condiciones de economía de guerra”, dijo la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, en una reunión del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo del país, según informó este lunes el medio oficialista Granma.
Los testimonios de los cubanos que no tienen acceso a medicinas o a productos básicos para sobrevivir, evidencian las duras condiciones con las que deben lidiar diariamente, calificadas por analistas como peores que las vividas durante los años 90 durante el llamado “Período Especial”.
La situación se ha vuelto tan crítica, que a fines de febrero el gobierno solicitó oficialmente ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de 7 años.
“Todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo”, argumentó el presidente Díaz-Canel en la reunión.
Las medidas incluyen un recorte de presupuesto, control de precios, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos.
Además de un recorte presupuestario, que implicará suspender inversiones, el anuncio incluye medidas como establecer una política de precios únicos y reducir la evasión fiscal, con el objetivo de “corregir distorsiones”.
La idea, explicó Granadillo, es enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos, entre otras cosas.
Una de las medidas que más ha llamado la atención, aunque se desconocen los detalles, es el control de precios, el cual teóricamente se aplicaría “en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.
Si se implementa, el anuncio afectaría a las empresas privadas que fueron autorizadas para operar en el país luego que en 2021 se levantara la prohibición que les impedía realizar actividades comerciales, la cual existía desde el inicio de la revolución
Fuentes extraoficiales señalan que el gobierno cubano ha establecido contactos con el sector privado para comunicarles la aplicación de topes de precios en productos básicos como la leche en polvo, el detergente, el pollo o el aceite, aunque se desconoce la lista completa y la fecha en que el control de precios entraría en vigor.
Como el país se encuentra en una “economía de guerra”, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, sostuvo que en esa situación “es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control”.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2% en 2023, mientras que la inflación alcanzó el 30%.
El nuevo paquete de medidas se suma a un severo plan de ajuste anunciado por el gobierno en diciembre, que incluyó un aumento de 500% del precio de los combustibles, una subida en el precio de las tarifas de electricidad y un incremento en el costo del gas natural licuado.
El ajuste encareció aún más la vida para los cubanos, que en los últimos años han visto caer su poder adquisitivo por la inflación, la devaluación del peso cubano frente al dólar y la disminución del turismo, el principal motor económico de la isla.
En paralelo, el mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla.
