Por Homero Aguirre Enriquez
El 12 de abril se cumple un año de que fueron asesinados, en un paraje cercano a Chilpancingo, los compañeros Conrado Hernández, Mercedes Martínez y el niño Vladimir Hernández. Los dos primeros fueron unos destacados y abnegados dirigentes del Movimiento Antorchista en Guerrero; Vladimir fue hijo de ambos, un inocente niño de apenas 6 años de edad que se encontraba de vacaciones con sus progenitores. La crueldad inhumana con que los mataron, a golpes a los adultos y por estrangulamiento al menor, así como la ausencia total de razones valederas para que alguien ordenara y ejecutara esos crímenes bestiales, provocaron desde el principio una gran indignación en toda la gente que se enteró a través de los medios de comunicación y un reclamo masivo de que se encontrara y castigara a los responsables intelectuales y materiales de esos asesinatos.
Como eso no ha ocurrido, nos manifestaremos el próximo 12 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México; dos días después lo haremos en el Zócalo de Chilpancingo. El reclamo unánime sigue siendo que se haga justicia.
Desde que ocurrieron esos crímenes espantosos, los antorchistas fuimos muy claros en sostener que la responsabilidad legal de las investigaciones que llevaran a la detención de los criminales para ponerlos a disposición de un juez y encarcelarlos correspondía a las autoridades judiciales y políticas, por lo que acudimos en varias ocasiones a buscar justicia en la fiscalía de Guerrero y a pedir la intervención de la gobernadora y del presidente de la República. Como resultado de esa exigencia, en los meses inmediatamente posteriores a los asesinatos fuimos recibidos por la fiscal estatal en funciones, por la gobernadora de Guerrero y por un equipo de investigadores federales que se integró después de que nos presentamos masivamente en la conferencia matutina del presidente, en mayo de 2023. Todos ellos condenaron los asesinatos, pero podemos decir con absoluta responsabilidad que a la fecha no existe ningún avance concreto que lleve a la detención de los responsables y desde hace seis meses no hemos vuelto a ser recibidos por nadie con posibilidades de resolver en serio el asunto.
Sabemos que estos no son los únicos homicidios que han ocurrido en Guerrero en este lapso, pero eso no justifica de ninguna manera la impunidad reinante. Al contrario, vuelve más grave que no se actúe con eficacia y prontitud pues alienta nuevos crímenes. “Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad señalan que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 se registraron 1,401 homicidios dolosos, siendo una de las entidades más violentas de México… la Vicefiscalía de Investigación reveló que en todo el año abrió 1,171 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, no obstante, de ellas sólo 12 investigaciones fueron judicializadas con detenido… en todo el 2023 la Fiscalía no logró esclarecer ni una sola investigación abierta, registrando cero sentencias condenatorias, lo que habla de una impunidad del 100% en este delito” (Infobae, 21 febrero 2024).
Esa larga cadena de homicidios impunes no es razón para que las víctimas de un delito o sus familiares y amigos renuncien a los reclamos de justicia pronta y expedita. Debemos impedir que se vuelva normal el asesinato de líderes sociales, de niños inocentes o de cualquier otro ser humano. No hay que acostumbrarnos a la impunidad, a que no haya investigación profunda, valiente y profesional, a que los expedientes se conviertan en inútiles montañas de papeles donde desaparecen las pruebas, palidecen los indicios y se tuercen las líneas de investigación de los delitos. Llamamos a todos los mexicanos inconformes con el aumento de la criminalidad y la impunidad a sumarnos para formar una gran voz colectiva que clame justicia; un gran movimiento que tenga la fuerza suficiente para que las autoridades volteen a verlo y movamos la montaña de intereses que se oponen a este justo reclamo. Hagamos realidad el derecho constitucional a la justicia pronta y expedita, porque aquella justicia que se realiza después de un siglo, no es justicia. México necesita sanar de muchas enfermedades y una de las más graves es la violencia, desatada como en ningún otro sexenio.
Acompáñennos el viernes 12 de abril al Zócalo de la Ciudad de México y el 14 de abril a Chilpancingo, en donde miles de antorchista exigiremos una vez más que se haga justicia y no haya impunidad. México necesita sanar urgentemente. No resignarse a la impunidad y exigir justicia forma parte de la medicina que algún día curará a nuestra patria.
