El viernes 9 de febrero, una protesta pacífica organizada por activistas ciclistas en la vía Atlixcayotl en Puebla se vio empañada por un acto de violencia inesperado. Los manifestantes, integrantes de colectivos que promueven el uso de la bicicleta y el transporte público, fueron agredidos por un grupo de individuos encapuchados, generando una nueva ola de preocupación en la ciudadanía.
La protesta, que había sido convocada días antes, buscaba llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la infraestructura vial y promover medios de transporte más sustentables y seguros en la ciudad. Sin embargo, lo que inició como una expresión pacífica de demandas ciudadanas terminó en un lamentable episodio de violencia.
Según testimonios de los propios activistas, la protesta duró apenas siete minutos antes de que un grupo de individuos encapuchados descendiera de un vehículo y comenzara a agredir a los manifestantes, arrancando pancartas, arrebatando bicicletas y golpeando a los presentes. Esta acción violenta no solo puso en riesgo la integridad física de los activistas, sino que también generó una atmósfera de temor e inseguridad entre los manifestantes y la comunidad en general.
Lo más preocupante es la percepción que se ha generado en torno a este incidente. Mientras los activistas denuncian la agresión y exigen justicia, las autoridades estatales han adoptado una postura que algunos consideran como una forma de criminalizar la protesta pública. En una rueda de prensa, el gobierno del Estado describió a los activistas como «instigadores de la violencia» y sugirió la presencia de «pseudo-automovilistas» que habrían provocado el conflicto.
Esta narrativa oficial ha sido cuestionada por los propios activistas, quienes señalan la falta de atención por parte de las autoridades durante la protesta y critican la forma en que se ha manejado la situación. Además, han surgido evidencias que apuntan a la posible implicación de terceros en la agresión, lo que alimenta aún más las dudas sobre la versión oficial de los hechos.
Ante esta situación, los activistas han reiterado su compromiso con la defensa de sus derechos y la lucha por una movilidad más segura y sustentable en la ciudad. Exigen una investigación transparente y exhaustiva que esclarezca lo sucedido y que se garantice la seguridad de quienes participan en manifestaciones pacíficas en el futuro.
En medio de este debate, queda en evidencia la necesidad de promover un diálogo constructivo entre las autoridades y la sociedad civil, con el objetivo de abordar las preocupaciones y demandas de la ciudadanía de manera efectiva y respetuosa. La violencia nunca debe ser tolerada ni justificada, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
