Por Luis Herrera
En las primeras horas de este 25 de octubre, el huracán Otis, con categoría 5, azotó las costas de Acapulco, Guerrero, dejando a su paso un rastro de destrucción y una población en estado de alerta. Este fenómeno natural, de una intensidad inusual, plantea serias interrogantes sobre la preparación y respuesta del gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la administración de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en lo que respecta a la falta del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y su eliminación.
El huracán Otis tomó a todos por sorpresa al intensificarse de una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 24 horas. Esta sorprendente evolución se debió en parte a la lentitud de su desplazamiento y a la temperatura cálida del agua, factores que contribuyeron a su rápida intensificación. La falta de advertencia oportuna y medidas preventivas efectivas es un claro fracaso por parte de las autoridades, y pone en evidencia la necesidad de una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia.
El impacto del huracán Otis en Acapulco, una ciudad con una población de más de 800 mil habitantes, evoca recuerdos dolorosos de otros eventos catastróficos en la región. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, advirtió que este huracán podría ser aún más devastador que el trágico huracán Pauline de 1997, que dejó más de 200 muertos y numerosos daños materiales. Este recordatorio doloroso plantea preguntas sobre la preparación y la infraestructura de la ciudad para enfrentar eventos climáticos extremos.
La suspensión de clases y la evacuación de áreas de riesgo son medidas necesarias, pero también revelan la falta de inversión en infraestructura resistente a desastres naturales y la insuficiencia de refugios seguros para la población. La falta de previsión en este sentido es un reflejo del incumplimiento de las promesas de campaña de López Obrador y Morena de priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La eliminación del FONDEN, un fondo que históricamente había sido utilizado para atender emergencias como la que se vive en Guerrero, es una decisión que genera críticas. Si bien se argumenta que esta medida busca evitar la corrupción y el mal uso de los recursos, la realidad es que deja a las comunidades vulnerables desprotegidas frente a eventos naturales devastadores como el huracán Otis. La necesidad de contar con un fondo de respuesta a desastres es evidente en momentos como este, y la falta del FONDEN es un fallo grave en la estrategia gubernamental.
La falta de inversión en infraestructura resiliente, la respuesta tardía a la intensificación del huracán Otis y la eliminación del FONDEN son señales preocupantes de la falta de preparación y de la falta de consideración hacia la seguridad y el bienestar de la población. Los eventos climáticos extremos como Otis exigen una respuesta efectiva y la rendición de cuentas por parte del gobierno. Es hora de cuestionar seriamente las acciones y políticas de las autoridades responsables y exigir un enfoque más sólido y compasivo en la gestión de desastres naturales. La vida y la seguridad de los ciudadanos no pueden seguir siendo ignoradas en favor de intereses políticos.
Antorcha propone un apoyo inmediato a las comunidades afectadas por los huracanes. Esto incluye la entrega de ayuda humanitaria, la reconstrucción de la infraestructura dañada y la asistencia para la recuperación económica.
Si el gobierno tanto local, estatal y federal les importa el pueblo, queremos solución para el pueblo afectado por el huracán, de lo contrario nos veremos en 2024, advertidos están.
